La minería es un tema tabú en México. Se habla poco, poquísimo acerca de su práctica, con la deshonrosa excepción de tragedias como la de Pasta de Conchos. En tiempos recientes, los casos de Wirikuta en San Luis Potosí o de Tetela de Ocampo en Puebla son los pocos que han saltado a la luz pública para denunciar los abusos de las empresas en la materia, pero hay otros como La Montaña en Guerrero o el de la Minera San Xavier de San Luis Potosí que también son graves.
En muchos de estos casos hay un común denominador: el papel que juegan las transnacionales, principalmente las canadienses, en el abuso a los derechos humanos. Un minero mexicano gana en una jornada laboral completa lo que un minero de Canadá obtiene en apenas una hora. Además, las mineras retribuyen muy poco al Estado (aunque la Reforma Fiscal ya les aumentó el impuesto sobre ganancias) en comparación con lo que se da en otros países.
Por supuesto, esto se ha hecho con la complicidad del gobierno mexicano, que ha concedido más de 94 millones de hectáreas en los últimos 18 años. Es decir, en las últimas tres gestiones (Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) se ha entregado casi la mitad del territorio nacional para la explotación minera.
Los más afectados son los habitantes de las comunidades donde se instalan las minas, pues muchas veces no son consultados sobre los proyectos y sus tierras terminan siendo arrasadas y contaminadas por esta práctica. Esto es porque en México, la ley no obliga la existencia de audiencias públicas previas; además, el permiso para abrir una mina puede tomar menos de un año en México, mientras que en otras naciones se extiende hasta una década para obtener la autorización.
En México, la sociedad civil ya se ha organizado para presentar una iniciativa ciudadana para regular la minería, en la que se incluyen medidas como la concesión máxima de 20 años -actualmente, una empresa puede tener una concesión por 50 años, con opción a 50 años más-; la participación de las comunidades en el proceso; y la prohibición de la minería en reservas ecológicas, sitios arqueológicos o áreas estratégicas de los pueblos indígenas.
Por desgracia, aún estamos lejos de que una ley de ese tipo se apruebe en México. Las mineras operan impunemente, pagando malos salarios y explotando el medio ambiente, amén de cabildear en el Senado las leyes para sus propios intereses. Mientras tanto, las luchas contra las transnacionales mineras son muchas y los logros son pocos. Y seguirá así, mientras lo que impere sea el dinero y no el bien común.
Fuentes: Mineras canadienses: ejemplares en su nación, corruptas en México (El Diario.mx) y Entregaron la mitad de México a mineras (Vanguardia)
