Esta nueva versión de la ley trae consigo mayores restricciones a los pequeños agricultores y tremendos beneficios a las empresas de semillas. Por esto, diferentes organizaciones ciudadanas redactaron una recomendación al Parlamento para que rechace el proyecto de ley. La “nueva” adhesión al UPOV 91 no es obligatoria para nuestro país ya que está suscrito en un acta de 1978 y porque la actual versión sólo traerá malas consecuencias para la agricultura nacional, a causa de la desigualdad entre los derechos de los agricultores y los derechos de los obtentores. Estos últimos son un sistema de propiedad intelectual para la protección específica de nuevas variedades de plantas; una variedad puede ser protegida solamente si es nueva, distinta, uniforme y estable.
Estos derechos se rigen por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuya finalidad es regir las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. El UPOV fue adoptado en París en 1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991. Chile suscribió el acta de 1978 de la UPOV el año 1996 y la implementó con la Ley de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales (Nº 19.342) de 1994.
Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que entró en vigor el 1 de enero de 2004, Chile se ve obligado a incorporarse a la versión del UPOV de 1991, lo que permitió que en enero de 2009 ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reemplazó a la Ley Nº 19.342 en mayo de 2011 y aprueba la adhesión de Chile a la versión de 1991. En ese momento, 17 senadores impugnaron la constitucionalidad de la aprobación del UPOV 91 ante el Tribunal Constitucional, instancia que rechazó la impugnación, pero sentenció al Estado de Chile a proteger las semillas y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
En la actualidad, el proyecta es revisado por la Comisión de Agricultura del Senado y luego pasará a la votación en sala. Una de las graves falencias del proyecto es que restringe de manera excesiva el derecho de los agricultores sobre las semillas protegidas, como por ejemplo dejarlas para una siguiente temporada, venderlas o multiplicarlas. El proyecto tampoco reconoce el derecho de agricultores, campesinos y pueblos indígenas a recibir compensación por aportar el material que da origen a la innovación, algo que queda establecido en la Convención de la Diversidad Biológica, instancia a la que se suscribió Chile en 1995.
La normativa favorece la apropiación de variedades nacionales y amenaza la conservación de semillas locales, que se pierden debido al desuso. También estimula el uso de transgénicos y la contaminación genética. De hecho, permite a las empresas semilleros perseguir judicialmente a los agricultores y embargar y destruir sus cosechas.
El proyecto de ley no se construye solo
Monsanto es la principal compañía productora de biotecnología agrícola y semillas transgénicas en el planeta. Muchos denuncian sus malas prácticas, problemas a la salud asociados con sus productos y el lobby desmedido para conseguir dominar los mercados. Las redes de esta empresa son tan extensas que mantiene vínculos con personajes políticos en todos lados, lo que incluye Chile.
ChileBio es la entidad corporativa que reúne en Chile a los productores de químicos y semillas transgénicas. Entre los que abogan por ChileBio están Andrés Allamand, quien promueve los cultivos transgénicos desde que era senador. Junto a Alberto Espina, Fernando Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que promueve la introducción de este tipo de cultivos, explica un artículo de Kaos en la Red.
El UPOV 91 se votó en 2011 mientras en las calles miles de personas reclamaban por HidroAysén. Presentado por la presidenta Bachelet y acelerado por la administración de Piñera, se definió a puerta cerrada de la siguiente forma: “Votaron a favor del convenio los senadores Carlos Cantero (independiente de derecha); los UDI Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa y Jaime Orpis; y los RN Francisco Chahuán, José García, Alberto Espina, Carlos Kuschel, Carlos Larraín, Baldo Prokurica, más el PPD Eugenio Tuma. Se abstuvieron los PS Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier, junto a los DC Hossain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar y el RN Antonio Horvath”.
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Fuente: Ley de obtentores vegetales: Un proyecto errado (Blogs La Nación)
