La “Nueva Ley de Pesca” intenta plantear supuestos beneficios de la pesca industrial por sobre la artesanal, reviviendo viejas discusiones sobre las implicancias ambientales de la pesca por arte de arrastre.
Esta demás decir que Chile es un país que vive de sus recursos naturales. Más de la mitad de los ingresos de la exportación derivan del sector primario, donde los recursos marítimos son de suma importancia.
A menos de un año que finalice la vigencia de la actual ley de Pesca (diciembre 2012), los pescadores artesanales están preocupados, ya que actualmente el sector industrial abarca el 95% de los recursos pesqueros y el proyecto de “Nueva Ley de Pesca” no hace nada para cambiar esta realidad.
De hecho, en la región de Los Lagos son más de 60 mil pescadores artesanales, pero el panorama nacional habla 7 familias que controlan el 92% de la pesca industrial en el país. Ante esta situación estiman que en 25 años las costas chilenas podrían quedar sin especias debido a la sobrexplotación industrial.
La posesión de los recursos marinos chilenos está en manos de unos pocos; debiéndose a decisiones tomadas en 2002 por el, entonces, presidente de la república, Ricardo Lagos Escobar.
Con el fin de establecer cierta tranquilidad legal a las inversiones privadas, el presidente Lagos promulgó la ley Corta de Pesca, para potenciar el modelo exportador y así, de paso, entregar gratuitamente y a perpetuidad los recursos pesqueros del país a siete familias.
La Ley Corta de Pesca establece el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca y entregó un Límite Máximo de Captura por diez años poniendo fin a la llamada “carrera olímpica” del sector, en la que la primera empresa que llegaba se llevaba la cuota.
El número de naves registradas para la extracción de recursos marinos varía entre 50 y 100 por año y son alrededor de 40 mil toneladas de peces (máximo de captura) extraídas por el arte de arrastre.
Desde entonces la historia de los recursos marítimos chilenos, que representan parte importante del ingreso del PIB, es marcada por la sobreexplotación industrial.
El método o técnica consiste en capturar por medios tecnológicos de punta todo lo que “se mueva” bajo el océano, de hecho, basta sola una pasada de red de arrastre para aplastar siglos de crecimiento en lo más profundo del mar.
Según el estudio Pesca de Arrastre, Arrasando la Vida Marina, elaborado por la Fundación Oceana, “cuando se opera en contacto directo con el suelo marino, las redes de arrastre y los aparejos que van unidos a ellas remueven ese sustrato, tal como un arado lo hace con la tierra, y aplastan indiscriminadamente a todos los organismos que se le interponen, como algas, plantas, animales antiquísimos de lento crecimiento, corales, esponjas, etc”.
La nueva ley se ha elaborado en el Ministerio de Economía, no en el de Medio Ambiente, y se ha tomado en cuenta al sector de la pesca industrial y no a los sindicatos de pescadores artesanales, que han visto cómo su fuente de trabajo y sustento (muchos de ellos alimentan a sus familias con lo pescado) se ve mermada, ya que recurrentemente sufren de escases de ciertas especies, como la merluza, que es depredada de forma irracional, lo que quedó patentado en 2007 por medio de la siguiente columna:
Monstruo en el mar de Chile
por Karen Hermosilla
Tres suicidios por ahorcamiento y dos desaparecidos en altamar ha cobrado, hasta el momento, el conflicto de la pesca artesanal en la Quinta Región. La gran culpable, la pesca de arrastre y su infame “límite máximo de captura“. Un verdadero monstruo marino que arrasa como un “Kraken” con la biomasa y la dignidad de un oficio emblemático, sumiendo en la pobreza y la desesperación a las familias pescadoras que no pueden subsistir del preciado recurso del que han vivido por décadas, la merluza común. La ley de pesca firmada en el año 2000, para potenciar el modelo exportador, en el marco de los tratados de libre comercio firmados bajo el mandato de “el mejor presidente de centroderecha” (como calificó Altamirano a Ricardo Lagos) dio carta blanca a esta especie de monstruo de Loch Ness de agua salada.
40 mil toneladas anuales de peces son extraídos de las costas por el arte de arrastre. Esta letal técnica utilizada por el sector industrial, consiste en capturar por medios altamente tecnológicos todo lo que “se mueva” bajo el océano. La mayoría de la merluza capturada- un 80%- pertenece a especimenes juveniles que no son aptos para el mercado exportador, por lo cual son devueltos al mar, cuando ya están muertos. Esto, ha reducido su biomasa a niveles escalofriantes- hace 5 años la merluza ascendía a 1 millón 500 mil toneladas y actualmente se redujo a 250 mil toneladas. Según estudios del mismo Ministerio de Economía, si la cuota de extracción para los industriales no disminuye, en no más de 4 años, la merluza va haber desaparecido para siempre de nuestras costas.
A los pescadores artesanales, se les asignó 22 mil toneladas de las cuales sólo pudieron capturar 4 mil durante el año pasado. Dejemos inmediatamente claro que no es la Jibia la culpable de la desaparición de la merluza y que este colapso ecológico es producido por un engendro tecnológico amparado en la política económica del gobierno y de la Subsecretaría de Pesca, que no responde a los principios de preservación y protección sino a, según los dirigentes de las caletas más importantes de Valparaíso- Portales, Sudamericana y Membrillo-, la asociación entre empresarios y grupos políticos en el poder.
El único Subsecretario de Pesca que puso en el tapete el “límite máximo de captura“, fue el Demócrata Cristiano Carlos Hernández, quién recibió una constante presión por parte de diversos poderes fácticos que no le permitieron llevar adelante una gestión orientada a recuperar el recurso pesquero, depredado sin miramiento por privados. Hernández propuso la veda total por un plazo máximo de cuatro años, para restablecer la biomasa. La medida era apoyada por los artesanales que preferían esperar este lapso en miras de no perder su cultura, la herencia de oficio y su identidad como pescadores. No obstante el poco apoyo por parte de su superior directo, el Ministro de Economía, Alejandro Ferreiro perteneciente a Expansiva, se tradujo en una evidente falta de autonomía para llevar a delante medidas en ese sentido, dando como resultado la renuncia en La Moneda de Carlos Hernández.
Otra de las pruebas que evidencian una intromisión por parte de poderes sobrenaturales, fue el aumento transitorio de las cuotas de extracción de jurel -de 144 mil toneladas a 300 mil- en la zona norte, contemplado en el proyecto de ley que presentaron los senadores de la I y II Región, Jaime Orpis (UDI), Fernando Flores (PPD), José Antonio Gómez (PRSD) y Carlos Cantero (RN), cuando esa es una atribución exclusiva de la Subsecretaría a través del Consejo Nacional.
Pero ¿Quién es el Monstruo detrás de estas maniobras?
La merluza es cazada por barcos factorías, la mayoría pertenecientes a la compañía Corpesca y South Pacific Corp- sin olvidar a sus hermanitas menores- dirigidas por un tal Angelini y un socio de apellido Zaldivar. ¿Le suenan?
Una vez más el grupo empresarial Angelini, cuestionado por desastres ambientales en el río Cruces y Mataquito provocados por el funcionamiento de la Celulosa Arauco y Licancel, la contaminación de la desembocadura del rió Maule a causa de la planta Constitución, y por las conocidas condiciones laborales de los trabajadores de la Forestal Arauco que dejaron como saldo la muerte de Rodrigo Cisternas, es el que está detrás de uno de los debacles ambientales y culturales más grandes del país.
Una saga escandalosa que suma y sigue
No sólo arrasa con los bosques y convierte en basurero los ríos y mares, no le basta con cargar con la precariedad laboral de los trabajadores forestales, sino que también y sin ningún pudor, disminuye la biomasa del Mar de Chile y deja en la agonía a las caletas, destruyendo uno de los oficios más representativos de la ciudad puerto. Cambiar de rubro (o reconvertirse, como le llaman elegantemente) es bastante fácil para un empresario, no así para quién ha hecho de su vida el mar.
Pero ya sabemos que quien calla otorga, y en este sentido el pacto de silencio y más aún de cooperación que ha tenido el gobierno con este grupo, es el responsable de que cosas tan lamentables sucedan en el ecosistema y a la gente de trabajo de nuestro país. Es cierto que estos grupos empresariales, como el de Angelini, amenazan cada vez que se avecina una fiscalización, con despedir a sus trabajadores o retirar el apoyo a ciertos sectores políticos. Es por eso que se hace de suma importancia transparentar de una vez por todas las alianzas estratégicas que se generan en los círculos de poder. Conocer quiénes son los financistas de las campañas políticas de la Concertación orientaría al ciudadano de a pié a votar de forma conciente, pues tendría la oportunidad de conocer a quienes verdaderamente responden nuestros “administraidores” o autoridades, como gustan llamarse, pues, definitivamente nuestra clase política, no se debe a su pueblo.
Valparaíso, Agosto de 2007
Esperamos que en algo pueda progresar esta “Nueva ley de pesca” mitigando en parte la problemática que acontece cuando se responden a la asociación entre empresarios y grupos políticos y no a la preservación y protección del medio ambiente.
