Precisamente mientras decenas de miles se manifestaban en las calles en contra del proyecto Hidroaysén, el Senado de nuestro país aprobó el convenio UPOV 91, a través del cual los agricultores del país pierden el derecho a guardar las semillas de sus cultivos, y son obligados a comprarlas año a año a los productores internacionales de la simiente.
El convenio de la UPOV, firmado por el senado la semana pasada, otorga derechos a los “obtentores” de semillas, es decir, a las “personas que hayan creado o descubierto y puesto a punto una variedad”, o bien al empleador de esa persona. Esto significa que las empresas patentan las variedades de frutas y verduras que se siembran los agricultores, y luego les cobran un derecho por usar las semillas de esas variedades.
Lo que logra en términos simples es que los agricultores tengan que comprar semillas todos los años, y que guardar las semillas de las plantas y sembrarlas sea ilegal, confiscándosele la cosecha al campesino.
Una serie de organizaciones se han manifestado en contra de la aprobación de este convenio, principalmente por los motivos explicitados más arriba, afirmando que son los campesinos más pobres los que pagarán el costo de esta adhesión. Pero por otra parte se teme que con el acuerdo todos los vegetales producidos en Chile sean transgénicos, técnica usada ampliamente por las empresas “obtentoras”.
Asimismo, organizaciones indígenas han mostrado su rechazo a este convenio, argumentando que el Estado chileno no sólo le ha quitado la propiedad de sus tierras y agua, sino que ahora también regalarán sus semillas al capital internacional.
La UPOV, organización que propone estos convenios, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y fue fundada por los transnacionales del negocio de la semilla, principalmente el gigante Monsanto (que controla el 90% del comercio de la semilla transgénica), y empresas como Bayer y Syngenta.
El convenio está disponible en este link: https://is.gd/Ci8EC4
Link a nota en elciudadano: https://is.gd/ItO0rS
