El reciente caso de agresión sexual en el colegio SEK de Guayaquil en Ecuador, ha sacudido los cimientos de la comunidad educativa. Dos estudiantes fueron presuntamente agredidas sexualmente durante un viaje a Punta Cana, República Dominicana, para celebrar la graduación de los adolescentes, en noviembre de 2023, desatando una oleada de denuncias y pidiendo justicia a las autoridades. De manera que este hecho se ha vuelto público y ha resonado en más medios de comunicación.
En una entrevista con la abogada Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, se abordaron las complejidades legales de este caso y las medidas necesarias para su resolución.
Martínez destacó la importancia de activar protocolos de emergencia, como el código púrpura del Ministerio de Salud, para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de violencia sexual. Además, enfatizó la necesidad de denunciar el hecho violento para solicitar medidas de protección adecuadas, en este y todos los casos de este tipo que se presenten.
Dos de los tres agresores se han fugado del país ¿qué sucede con el caso?
Respecto a las consecuencias legales para los presuntos agresores, la abogada señaló que podrían enfrentar prisión preventiva de 19 a 20 años, en caso de ser encontrados culpables. Sin embargo, la fuga de dos de los acusados plantea nuevos desafíos legales, ya que se requiere una sentencia condenatoria ejecutoriada para tomar medidas adicionales.
La opción podría ser solicitar cooperación internacional entre fiscalías, sin embargo, Sybel reconoce que no suele cumplirse de esta manera. “La gran mayoría de casos quedan impunes porque no se les encuentra a los agresores”, comentó.
El caso también ha suscitado interrogantes sobre la responsabilidad del colegio en la prevención de futuros casos de agresión sexual. Aunque la institución se ha desligado del incidente, ya que, mediante un comunicado ha mencionado que se trató de un viaje privado organizado por estudiantes y padres, es fundamental que la comunidad escolar tome medidas proactivas para prevenir y abordar cualquier forma de violencia dentro del plantel.
“Si las Juntas de Protección de Derechos funcionaran de la forma en que deberían, ya se hubiese descartado más víctimas”
La profesional hace un llamado a las instancias involucradas en este caso, ya que, mencionó que no es el único, pues su colega la abogada Soledad Angus Ferré ha denunciado un nuevo caso en el mismo plantel. Esta vez se trataría de una menor de cinco años.
En medio de este escenario desafiante, la voz de las víctimas y la acción colectiva se alzan como pilares fundamentales en la búsqueda de justicia y seguridad para todos los estudiantes del colegio SEK y más allá.
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