“Pareciera que protegen a Grupo México“. Esas fueron las palabras de la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), a los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), en su comparecencia ante legisladores. Y en efecto, eso parece.
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En agosto pasado se presentó un derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico con metales pesados en el río Sonora, procedente del complejo minero Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora. Grupo México ocultó el hecho por días; mejor habitantes de la comunidad de Bacanuchi hicieron el reporte ante las autoridades.
Han pasado 5 meses del hecho, mientras que las autoridades pasan por alto un juicio al creerlo innecesario, sin darle la debida importancia al impacto causado. La contaminación abarcó los ríos Sonora y Bacanuchi, lo cual afectó a 22 mil habitantes de los 7 municipios colindantes.
Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de planeación y política ambiental de la Semarnat, y Guillermo Haro Belchez, titular de la Profepa, anunciaron en la Cámara de Diputados que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos está garantizado y no se acabará hasta remediar todos los daños ocasionados en la región incluyendo a todos los habitantes afectados.
Los funcionarios aseguran que a la fecha se han garantizado mil 40 millones de pesos, de los cuales se han utilizado $768 millones de pesos los cuales fueron destinados a lo siguiente:
- Resarcir daños a la actividad agropecuaria.
- Resarcir daños a las familias afectadas.
- Rehabilitar pozos.
- Elaborar un diagnóstico integral.
Lacy Tamayo señaló que la población ha recibido a la fecha el pago de MXN $8,400 pesos —¿será que hablan de los garrafones entregados?—. Declaró que tienen 31 casos de daños a la salud a consecuencia del derrame, por lo que han decido instalar una unidad fija de vigilancia epidemiológica para los próximos 15 años.
Para los diputados y para la ciudadanía, los números no concuerdan. En la misma comparecencia, la diputada Aguilar señaló:
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“No sabemos bajo qué lógica, en noviembre, se llegó a la conclusión de que los daños eran de 20 mil millones de pesos –según los datos del gobierno federal– y por qué el fideicomiso se constituyó con 2 mil millones.”
En tanto se ha dado a conocer que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicitó a Profepa información correspondiente al número, procedimiento y fecha de las denuncias interpuestas contra Grupo México desde el año 2000 a la fecha, en todo el país. De acuerdo con el particular que lo solicitó, después confirmado por análisis, no se entregó la información completa.
Profepa ha dicho que este es el peor desastre ambiental en la historia moderna del país, se ha comprobado que el desastre a consecuencia del derrame durará años, que hay afectaciones a la salud y la economía de los habitantes cercanos a los ríos, entonces… ¿por qué no dar los datos completos?, ¿por qué no decir de dónde salió la cantidad de los daños?, ¿por qué no merece juicio?
Así la impunidad en el caso del derrame por parte de Buenavista del Cobre, de Grupo México, continúa.
