Como si se tratara de una apuesta en el Hipódromo, los empresarios más ricos de Chile, ligado a la explotación de los recursos naturales, apuestan por el candidato ganador, entregando grandes sumas de dinero para financiar sus campañas.
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La ley de donaciones a las campañas provoca que verdaderos encapuchados estén detrás de los candidatos determinando su grado de impacto y viralización en la población por medio de la propaganda. Hay tres modalidades de donaciones: públicas, anónimas (sólo el administrador electoral conoce al donante) y reservadas (el nombre del donante es secreto), en la práctica lo que ha pasado es que el nombre de los financistas de la política permanecen en total anonimato. De todas formas la investigación de Ciper reveló que:
Los aportes a campañas políticas de Endesa y Enersis sumarían US$ 3,5 millones, y los de Colbún Transmisión S.A. y Río Tranquilo S.A., $215 millones, ambas empresas tutoras del proyecto mega hidroeléctrico HidroAysén.
Hoy Bachelet a pesar de declarar que HidroAysén es inviable, tiene en su comando a Jaime Bravo Oliva, el nuevo asesor de Medio Ambiente en el comando de la “Nueva Mayoría”, ex Concertación, que se hizo conocido entre el mundo verde cuando operó como fast tracker para la aprobación del proyecto de HidroAysén -entre otros en los que cuentan las termoeléctricas del periodo Bachelet- en donde tuvo un rol importante junto al, en ese entonces, el Ministro de Energía Marcelo Tokman, en la Comisión Nacional de Energía, cuando presionó por informes favorables a su aprobación diciéndole a organismos como el SAG y Conaf que los ministros Pérez Yoma y Tokman querían que el proyecto se llevara adelante. Esto explica que se hayan falseado los informes de Conaf, para cambiar los criterios del informe de Impacto Ambiental de HidroAysén que establece, según la Convención de Washington, que no se pueden inundar parques nacionales.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,aprobó un informe que habla de fraude al fisco, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, en donde empresas y funcionarios públicos presionaron para la pronta aprobación de HidroAysén.
Además del historial anterior, vemos que hoy existen “favores” que deberán ser pagados con las empresas en cuestión, por medio de la aprobación de la Línea de Transmisión a cargo del fisco que tendrá que expropiar a lo largo de más de dos mil kilometros, una franja que supera los 100 metros, deforestándose en promedio unas 23 mil hectáreas. Esta red eléctrica afectará a 20 comunidades con 1500 a 1700 torres de alta tensión , fragmentando el paisaje de seis parques nacionales, 11 reservas, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas.
Todo esto en el marco de una nula estrategia energética para que Chile atienda la prerrogativa de eficiencia energética y regulación del stock de producción de minerales, para regular su precio, mitigar el impacto ambiental que causa la crisis hídrica y la contaminación de la tierra y el aire.
