En Chile este sábado 17 de agosto se movilizarán en contra de la denominada Ley Monsanto, que obliga a los países a pagar derechos intelectuales por las semillas, lo que abre la puerta a la concentración del mercado agrícola y pone en riesgo la producción local y por supuesto la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Esto no es nada más que una “teoría conspirativa” nacida de los afiebrados ultrones, sino que sienta las bases en la experiencia de otros países que han adoptado la legislación. Basta sólo mirar qué sucedió en Paraguay, para darse cuenta de los coletazos sociales, políticos, económicos y medio ambientales que acarrea la privatización de la semilla para los pueblos que viven de la tierra.
También podemos ir hasta Colombia, donde la resolución 9.70 fue expedida en el año 2010 para regular el uso de la semilla en Colombia. Una resolución que aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y que fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
El documental que verás a continuación, analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la medida y que en el 2011 el Organismo encargado del Control Agropecuario en Colombia (ICA) llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal. Pon mucha atención:
