Tres a dos fue el resultado de la votación que sostuvo la Comisión de Agricultura, integrada por los senadores Carlos Larraín (RN, Región de los Ríos), José García Ruminot (RN Región de la Araucanía), y Juan Antonio Coloma (UDI; Región del Maule), versus Ximena Rincón (DC, Región del Maule) y Juan Pablo Letelier (PS, Región de O’Higgins). Tanto los senadores RN como el UDI votaron a favor de la Ley de Obtentores Vegetales y por ende, se aprobó su paso a la Sala donde se decidirá finalmente destino de las semillas campesinas e indígenas.
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El proyecto, como muchas organizaciones civiles llevan un tiempo advirtiendo, beneficia de manera directa a las empresas de semillas transgénicas y ciertas familias, ya que entrega poderes monopólicos y de policía a estas compañías. El proyecto ya se aprobó en 2011, pero requiere de ciertas modificaciones que de prosperar, van a facilitar la puesta en práctica del UPOV 91, algo que buscan desde hace años los lobbistas nacionales por los cultivos transgénicos.
Desde hace 15 años que en el país se pueden registrar semillas, pero su producción todavía es abierta a todo el que deseo hacerlo. De esta manera, podemos obtener frutas y verduras desde pequeños y medianos agricultores campesinos, en una autonomía de producción que reivindica otras formas de socialización y comunidad. Todo esto puede cambiar con el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el inicio de su discusión en el Senado, algo que las organizaciones llaman “privatización de la semilla nivel 2”. El primer pasó fue la firma, en 1996, del UPOV 78, cuando un grupo reducido contaba con información sobre la situación y sus alcances futuros.
El vocero de Chile Sin Transgénicos, Iván Santandreu, manifestó su categórico rechazo a la ley. Para el biólogo, si el proyecto prospera, podemos enfrentar un escenario similar al de las farmacias, que de ser muchas pasaron a estar concentradas en tres grandes cadenas. “Van a ver dos o tres grandes actores que venderán las semillas a un precio mucho más caro, adueñándose de ellas para siempre y quitándonos la soberanía alimentaria, la libertad de elegir”, advirtió.
Lucía Sepulveda Ruiz, de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, explica en un artículo de El Ciudadano que “los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo Erick von Baer, quien registra más variedades: de quinoa, cebada, avena, entre otros. Von Baer fue durante 20 años presidente de ANPROS. El INIA (10 obtenciones) y Fundación Chile (1) son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual. En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23, es decir apenas un 5% en manos de empresas chilenas. Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas junto a Nueva Zelanda (40 registros), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio. La Ley de Obtentores entrega al empresariado el control sobre las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente que puedan realizar investigadores chilenos”.
Sepúlveda destaca que en los registros del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) no figuran plantas medicinales, ítem que el lobby actual desea incluir en la normativa y que “la extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas”.
Los senadores Ximena Rincón (DC) y Juan Pablo Letelier (PS) votaron en contra del proyecto. Al respecto, Rincón recordó que la ratificación de la Ley de Obtentores Vegetales vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la consulta previa a los pueblos originarios y, además, dejan indefensos a los agricultores y campesinos, que pierden la propiedad sobre sus semillas.
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La senadora señaló que “hemos escuchado a distintas organizaciones, el Gobierno ha tratado de convencernos de la virtud y la inocuidad de este UPOV 91 y de la ley específica que se requiere a este efecto; la verdad me quedo con la opinión de los especialistas de las organizaciones ciudadanas, de profesores e investigadores que han estado en este tema por largo tiempo y obviamente rechazó estas modificaciones (…) porque además se contraviene con el Convenio 169 de la OIT, porque no se respeta el artículo 8º, que requiere la consulta a los pueblos originarios en estas materias”.
Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, señaló que “hoy era un día muy importante porque esperábamos escuchar la opinión de la FAO y que la FAO respondiera al compromiso que tiene con los campesinos y con la alimentación en el mundo, ellos son garantes de la defensa de la agricultura y la alimentación, y resulta que no se presentaron, no llegaron hoy día, mandaron un documento que no lo conocemos, y habría sido importante para la toma de decisión de los senadores haberlo tenido con una posición clara, y no con una posición que es tibia frente a las empresas”.
Links:
- ¿Qué es el Convenio UPOV 91 y por qué nos debe preocupar?
- El destino de los bancos de semillas en Chile
- Opinión: La relación de Ena Von Baer con el convenio UPOV91
Fuentes: Senado en pleno decidirá suerte de semillas campesinas e indígenas (Alainet), Manifestación en el Congreso por votación de Ley de Obtentores de semillas (Radio Uchile) y Semillas en resistencia contra la Ley de Obtentores (El Ciudadano)
