El pragmatismo fue una de las líneas más características de la administración Bachelet, donde primaron criterios técnicos por sobre los políticos. Varios de sus ministros fueron educados en aulas estadounidenses y no trepidaron en hacer valer sus teorías una vez en el gobierno.
Fue así como por ejemplo la crisis del gas natural y la sequía dieron paso a la aprobación de 42 termoeléctricas con base a carbón a lo largo del país, sin pensar en sus consecuencias y con una mirada cortoplacista que no dejó saldado el problema, pues no se emprendió una reforma al mercado energético concentrado en tres empresas: AES gener, Colbún y Endesa ni se abrió a la diversificación de la matriz energética con Energías Renovables No Convencionales.
La idea estrella durante su mandato fue la creación de la Institucionalidad Medio Ambiental, que tiene manga ancha por ejemplo con Barrick Gold, en Pascua Lama, donde la soberanía del territorio fue cedida a la megaminera canadiense por lo cual a tributación al fisco se encuentra en duda. Y en coherencia con esto, las voces entendidas en legislación han mencionado que es una instancia hecha ad-hok para que las empresas puedan reducir sus costos en términos de multas por medio de la autodenuncia y que finalmente el fallo sigue siendo dado por la justicia tradicional.
Flavia Liberona desde la fundación Terram plantea que “en términos del proceso de evaluación ambiental no hay grandes cambios, por lo que establece una desigualdad entre las personas y las empresas con total ausencia del Estado, porque una empresa entra en el proceso de calificación ambiental y tiene más o menos dificultades, pero la mayoría son aprobados. En cambio la participación ciudadana es un saludo a la bandera, así que las cosas deben resolverse en tribunales”.
En el mercado de la salmonicultura, a pesar de tener detractores incluso en el New York Times por su enorme impacto en el ecosistema, de la mano del ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, se generó fuertes subsidios y bajas fiscalizaciones haciendo ingreso al mercado a AquaChile a la cual se le permitió entregar en garantía la concesión acuícola del agua. Hoy las repercusiones son evidentes. El virus ISA es una constante. Salmones y truchas arcoíris sufren del nocivo parásito, que alcanza un promedio de nueve por pez, en 79 cultivos de 17 empresas. Y a pesar de las grandes perdidas, el Estado, con dineros fiscales, continúa su subvención.
Se aprobó la planta Agrosuper en Freirina e HidroAysén pasó varios conductos regulares sin ser congelado en ninguno. Por supuesto el conflicto-chileno mapuche, lejos de encontrar vías de diálogo, se caracterizó por la violencia de Estado y la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Como marco general, los ministros Tokman de energía y Poniachik en minería fueron los que más críticas recibieron por su nulo aporte en trasformaciones necesarias. Esta última administradora mantuvo la manga ancha para la explotación extranjera y privada. La cuprífera estatal Codelco, aporta en promedio bajo el 15% del presupuesto anual del Estado por medio del 27% de las exportaciones del cobre; las privadas se llevan el restante 73% y sólo aportan el 10% del presupuesto.
El legado de la administración Bachelet en estas materias podría tildarse sin mayores complejos, de mediocre. El lobby, que en Chile no está regulado, marcó la agenda en la aprobación de los proyectos, los cuales destacaron por la nula amplitud de criterios con que fueron resueltos. No hubo cabida ni para la comunidad ni su ecosistema.
Hoy ya conocemos que los ministerios estratégicos de mineria y energía, son liderados por quienes fueron empleados del Grupo Luksic. Mientras Aurora Williams se le acusa de ser la responsable de trasladar metales pesados al corazón de la ciudad de Antofagasta, a Maximo Pacheco se le identifica como un poderoso defensor de HidroAysén por su parentezco con los dueños de Colbún, además de apoyar energías sucias por haber sido también empleado en Copec, del Grupo Angelini, lo que mantendría la matriz energética binarizada en hidro y termo electricidad. Por otra parte, un subsecretario de medio ambiente que trabajó activamente con Tokman.
Lo ideal sin duda, para terminar con los tristes legados y las oscuras proyecciones, es refundar nuestra Carta Magna por medio de un proceso participativo y vinculante, ya que es la Constitución del 80 la que hoy sirve de piedra angular para los abusos que se cometen sobre todo con el medio ambiente, el cual es visualizado nada más que como fuente de riquezas que lamentablemente no son utilizadas para el desarrollo de nuestra sociedad, pues quedan capturadas por la clase política y empresarial, sin financiar derechos sociales básicos para los ciudadanos.
