Hoy las comunidades indígenas diaguitas han salido vencedoras. La justicia tarda pero llega. La Corte de Apelaciones de Copiapó prohibió retomar faenas en la cima del Valle del Huasco a la minera Barrick Gold en su proyecto Pascua Lama.
Esto fue conseguido tras la ardua pelea que dio el abogado de las comunidades indígenas diaguitas (500 descendientes de la étnia), Lorenzo Soto, quien expuso las reiteradas infracciones en las que incurría la gigante minera canadiense y que fueron determinadas por el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y el Sistema de Evaluación Ambiental.
Por fin la orden de no innovar fue dada por el tribunal de alzada fallando que Pascua Lama queda definitivamente paralizado en sus faenas.
El dorado era encontrado en la cordillera en la zona del Valle del Huasco por la minera canadiense Barrick Gold. Fue entonces cuando los gobiernos de Chile y Argentina cedieron soberanía a la gigante minera creando una nueva jurisdicción en el territorio. Así nacía un verdadero país virtual llamado Pascua Lama entre ambas naciones, donde ninguno tiene potestad y por lo tanto tampoco un recaudo acorde al mercado de impuestos.
Esto sucedió a fines de la administración de Ricardo Lagos Escobar por medio de la firma de su canciller, Soledad Alvear. AsÍ comenzaron las faenas públicamente, pues desde 2000 se estaba “explorando” en la zona con una serie de irregularidades que terminaron con la desaparición de los glaciares Toro I y II, dejando al Valle del Huasco contaminado y con una crisis hídrica severa.
Pese a las pruebas fehacientes que de que la empresa destruyó glaciares en el proceso de exploración del proyecto y en el proceso de construcción, en Pascua Lama se aludió al cambio climático para explicar su disminución.Tesis completamente inaceptable si consideramos que cuando se saca la tierra superficial para crear el rajo que será explotado, se ensucian los glaciares que al no ser blancos no causan el revote de los rayos solares, los que penetran derritiendo los hielos milenarios. Y lo que es peor, quedan contaminados con cianuro y ácido sulfúrico.
En territorio argentino, hace ya nueve meses se tomaron cartas en el asunto con la reactivación de la Ley de Protección de Glaciares en la andina provincia de San Juan, para impedir el deterioro de las reservas de agua, pero en Chile se tuvieron que esperar más irregularidades hasta hacer las cosas completamente insostenibles, y claro, irremediables.
La Junta de Vigilancia del Río Huasco denunció a Pascua Lama por el incumplimiento de sus compromisos ambientales. A través de un comunicado expresaron que el canal perimetral colapsó, por lo que se deslizó material hasta un humedal. Esto indicaba que las obligaciones que están contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental estaban siendo incumplidas.
Y fue tan evidente, que la Minera Nevada SpA, subsidiaria del grupo Barrick Gold Corporation, se autodenunció frente la Superintendencia del Medio Ambiente, señalando que habría incumplido sus obligaciones al no construir los canales perimetrales para el manejo de drenajes del depósito de “estériles”: productos altamente tóxicos propios de la minería. Una medida que podría haber sido benéfica, terminó siendo una burla para las comunidades que vieron un cambio tan dramáticamente negativo en sus condiciones de vida.
Fue así como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) multó a Barrick por 3.000 UTM (unos 120 millones de pesos). Sumado a esto, un nuevo incumplimiento esta vez por “Mal manejo de glaciares” por la ausencia de monitoreo que le obligó a pagar 1.000 UTM, unos 40 millones más. Un monto completamente insuficiente y que como ya es de dominio popular, se encuentra considerado en el presupuesto de las empresas.
Los diaguitas han salido vencedores. Sin embargo, su triunfo se logró luego de un impacto ambiental demasiado alto para la vida en el Valle del Huasco. Nuevamente la ambición suprimió el sentido común, el respeto por el entorno y la proyección hacia el futuro. Si bien se anunció que las multas con la nueva y bullada Institucionalidad Medio Ambiental irían hasta los 10 millones de dólares, las infracciones siguen siendo gravadas con montos insuficientes y hasta irrisorios.
Nuevamente la experiencia nos señala que son las comunidades y los tribunales ordinarios, los capaces de detener la depredación modelada desde el sistema económico. Los tribunales Medio Ambientales y la Superintendencia, si bien hicieron su trabajo, demuestran con este caso que no son otra cosa que nuevas plazas de trabajo del Estado y plataforma de influencias en el sector extractivo de nuestros recursos naturales.
¡Bien por la naturaleza y por la cosmovisión de nuestros pueblos originarios!
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