Que la propia Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benitez, cuestione el fallo del mayor tribunal chileno que desaprobó la Central termoeléctrica Castilla por ser considerada contaminante en una zona donde solo se aceptan instalaciones molestas, resulta a lo menos curioso.
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La encargada de velar por la protección de los ecosistemas plantea a quien quiera escuchar, en una entrevista a El Mercurio y a diversos noticieros de televisión, que “la ley permite el fraccionamiento de los proyectos”, en este caso el puerto y la misma termoeléctrica, que considerados por separado cumplen con la “norma” de contaminación, por lo que la paralización del proyecto de la empresa MPX del magnate brasileño Eike Batista sería un “error”.
“El razonamiento del fallo incurre en errores y eso es complicado” plantea la titular de Medio Ambiente con el fin de “defender la institucionalidad ambiental”.
Ante estos dichos, los Ministros de la Corte Suprema se reunieron a primera hora de hoy martes en un pleno extraordinario en donde 21 ministros sacaron una declaración pública, que responde a la molestia por lo que definen como una “intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones que competen al Poder Judicial”, situación que no debería suceder en un Estado de Derecho, por lo cual invocando el articulo 76 del inciso 1°que prohíbe al Poder Ejecutivo referirse a los dictámenes del Poder Judicial.
Los doce Ministros en la vocería de Hugo Dolmestch declararon públicamente que “el pleno de la Corte Suprema manifiesta su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministro del Medioambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la autonomía e independencia de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales … que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho”
Además, algunos parlamentarios anunciaron que pedirían su comparecencia al Congreso Nacional para dar explicaciones por sus dichos.
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