Toda acción genera una reacción. Este podría ser el efecto del fallido intento del gobierno de Corea del Sur por implementar en el futuro próximo un programa de “caza científica” de Ballenas Minke en el Pacífico Noroccidental.
A pesar que la matanza de ballenas está prohibida por una moratoria global adoptada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI), países como Japón, Noruega e Islandia continúan matando ballenas bajo distintos resquicios legales. Mientras que las naciones nórdicas mantienen una objeción que les permite realizar operaciones de caza comercial, desde 1987 el gobierno japonés ha implementado dos programas de “caza científica” de ballenas. Aprovechando un vacío legal que permite a los países miembro de la CBI auto otorgarse cuotas de captura con supuestos fines de investigación científica, Japón realiza estas matanzas en las aguas del Pacífico Norte y el santuario de ballenas del Océano Austral.
El uso y abuso de estos resquicios legales por parte de estas tres naciones rindieron frutos positivos para los intereses balleneros cuando en 2008 la CBI se enfrascó en un proceso de negociación para definir el “futuro de la CBI”. El acuerdo, apoyado por un conglomerado de tres grandes grupos ambientalistas y liderado por Estados Unidos y Nueva Zelanda, proponía eliminar de facto la moratoria para entregar cuotas de caza comercial a Islandia, Noruega y Japón. A este último país también se le blanquearía la “caza científica” de ballenas en el santuario del Océano Austral, otorgándoles cuotas de caza que supuestamente iban a ser reducidas en el tiempo.
La oposición mundial se hizo evidente rápidamente y varios países, incluso naciones balleneras, se opusieron a su adopción. Entre ellos destacó el caso de Corea del Sur, que criticó duramente la propuesta, afirmando que a pesar de ser una nación con tradición ballenera y haber respetado la moratoria su país no había sido incluido entre las naciones beneficiadas por el acuerdo ballenero.
Si bien la negociación para definir el “futuro de la CBI” fracasó y el proceso se dio por cerrado en 2010, algunos países como la Federación Rusa y Japón, entre otros, han intentado resucitarla infructuosamente durante los últimos años. Corea del Sur, como buena nación disciplinada, debe haber realizado un análisis de la situación para concluir que quizás la mejor forma de asegurar eventuales futuros derechos de extracción de grandes cetáceos sería revitalizando sus operaciones balleneras de manera similar a como lo hace Japón a través de los programas de “caza científica”.
Intentando justificar la futura implementación del programa “científico”, el delegado de Corea del Sur afirmó en Panamá que la población de Ballenas Minke ya se encuentra recuperada y que su creciente número estaría impactando de manera negativa las pesquerías locales. Este argumento fue ampliamente utilizado por el gobierno de Japón hace varios años, hasta que diversas publicaciones científicas demostraron que sólo se trataba de propaganda fácilmente digerible para algunos burócratas pesqueros con competencia en la CBI.
Siguiendo los pasos de Japón, el objetivo final del programa de “investigación” ballenero habría sido avanzar hacia la creación e implementación de la llamada “caza costera” de ballenas, una modalidad de matanza que ha sido promovida sin éxito por el gobierno japonés hace más de una década en la CBI y que de adoptarse, eliminaría la moratoria sobre la caza comercial.
Quizás un punto que no habría sido considerado con precaución por Corea del Sur fue la ola de condenas y críticas internacionales que impactaron con fuerza las más altas esferas políticas de ese país. Australia, Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos reaccionaron de inmediato emitiendo fuertes declaraciones en los medios de comunicación y realizando acciones diplomáticas de alto nivel.
La presión ejercida surtió un rápido efecto y el 12 de Julio aparecieron en los medios las primeras informaciones sobre la reconsideración de Corea del Sur de seguir adelante con sus planes. Cinco días más tarde un oficial de la casa presidencial confirmó que tras la realización de reuniones entre el presidente, el primer ministro y el ministro de pesquería se había desechado la idea de seguir adelante con el programa de “caza científica” de ballenas.
El caso de Corea del Sur constituye un llamado a reflexionar sobre las consecuencias que tendrá en los próximos años el fracasado proceso de negociación para definir el “futuro de la CBI”. También demuestra que cuando existe la voluntad política los resultados para detener la matanza ilegal de ballenas pueden ser inmediatos y positivos tanto para la conservación de las ballenas como para la gobernanza de los océanos. Un ejemplo que debería ser replicado por todos los países para eliminar definitivamente la “caza científica” de ballenas que el gobierno de Japón continúa realizando impunemente debido a la inacción de la comunidad internacional.