La Celulosa Arauco del grupo Angelini es una de las empresas más importantes de Chile que ha ganado durante 2009 el Premio Sofofa Empresa Destacada y en 2010 el premio a la Responsabilidad Social Empresarial de parte de la misma entidad (Sociedad de Fomento Fabril) y la Revista Capital.
Pese a estos premios carga con varios ecocidios que han afectado gravemente al hábitat y a las personas en distintas partes del país, los cuales han sido sancionados con multas en su grado mínimo, o simplemente no han sido sancionadas puesto que, según tribunales no existen pruebas suficientes, como ocurrió con la muerte de cientos de cisnes de cuello negro en el Río Cruces.
El Constitución, en San José de la Mariquina, en Mehuín, en Nueva Aldea, en Arauco, en el Valle de Itata, en Coelemu, en Licantén, han sabido de diversos desastres ambientales provocados por desechos tóxicos y radiactivos vertidos a los ríos y al mar, pero que pese a la gravedad no han significado el cierre de ninguna de las plantas.
Los planes de mitigación en términos medio ambientales no son suficientes, sigue oliendo muy mal, lo que afecta la vida cotidiana y en los balnearios al turismo, pero al significar una fuente laboral para los habitantes de los lugares donde se instala y para el Estado una empresa que reinvierte sus utilidades en grandes obras, tiene “cancha, tiro y lado” para continuar contaminando. Así lo demuestran las ridículas cifras que debe pagar por patente municipal.
Mientras un almacén de barrio, una panadería o una frutería paga por su patente al año como mínimo 37 mil pesos en la comuna de Arauco, la celulosa del mismo nombre cancela cifras de 5.134 y 5.464 pesos cada seis meses. Esto dado a que hasta el primer semestre de 2010 declaraba capitales de casi 60 mil millones de pesos y los bajó súbitamente a 7 millones, y en referencia a esto se le ha cobrado la mencionada patente.
El Alcalde manifiesta que todas las rebajas por inversión se hacen desde Santiago y que los tributos no llegan a la comuna. Este asunto ocurre en diversas regiones del país, que ven depredados sus ecosistemas por mega empresas, que reinvierten las utilidades con el fin de no tributar, y lo hacen centralizadamente, por lo cual las comunidades afectadas no son resarcidas debidamente por el daño y la explotación de los recursos naturales que les pertenecen territorialmente.
Las diferencias están a la vista. Mientras las mujeres que venden dulces con canastos en la ruta próxima a Laraquete pagan al municipio anualmente 19.200 pesos, la gran empresa forestal y de celulosa desembolsa unos 11 mil pesos.
Hoy por hoy el grupo Angelini es uno de los principales accionistas de la mina Invierno, en Isla Riesco, la que ha sido ampliamente rechazada por grupos ecologistas, que denuncian los graves efectos en la rica biodiversidad de la zona que provocará la producción minera y que la utilización de carbón como matriz energética afectará varias zonas del país que deberán soportar termoeléctricas altamente contaminantes.
Ciertamente en un país que tiene una institucionalidad medio ambiental con conflictos de interés, deslegitimada por un sistema de evaluación deficiente y preso del lobby, además de una ley tributaria que no cuenta con medidas para que el royalty por la actividad productiva sea gravada acorde al impacto que provoca y que vaya directamente a las arcas de la región donde se efectúa la explotación, que las empresas utilicen los beneficios del sistema es algo absolutamente normal. Tanto así, que pueden a pesar de la evidencia de sus malas prácticas, recibir premios que las elevan a la categoría de empresas modelo, protegidas y mimadas por el poder central.
Es por todos conocida la reunión que mantuvieron Anacleto Angellini (hoy difunto) y el ex-Presidente Lagos, tras la cual no se le dio sanción alguna por la contaminación de los humedales valdivianos. O peor aún, cuando en la región del Bio Bio, trabajadores de Arauco protestaban exigiendo mejoras en las condiciones laborales. Carabineros reprimieron una manifestación nocturna rompiendo los vidrios de los automóviles de los trabajadores, a lo que Rodrigo Cisternas, trabajador de la empresa, respondió utilizando maquinaria pesada para volcar los vehículos policiales. La respuesta fue ametrallar al trabajador, quien murió en el acto con 25 proyectiles en el cuerpo.
Es por eso que mientras el Estado no desarrolle plataformas serias de defensa de los recursos naturales y a las personas, este tipo de situaciones y otras, como el cobro a todas luces insuficiente de patentes municipales, seguirán siendo pan de cada día.
Link: Ana Stipicic: “Está completamente deslegitimado el sistema de evaluación ambiental”
Chile: Conflicto de intereses en materias medio ambientales ¿Una tradición?
Fuente: Celulosa Arauco paga 5 mil pesos como patente municipal: declara capital equivalente a una camioneta
