La seguidilla de malas prácticas que la aprobación de HidroAysén ha puesto sobre la mesa, alcanzó su punto de quiebre (si se lo puede llamar así) la semana pasada con la reunión que sostuvo la Comisión de Ética del Poder Judicial para determinar si se abre una investigación por los vínculos de dos jueces con las empresas gestoras del proyecto energético.
La denuncia la realizó un grupo de senadores, quienes tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema -que rechazó seis recursos de protección contra la edificación de las represas- decidieron ventilar el choque de intereses en nuestro máximo tribunal.
Es tanto el lobby que uno de los ministros denunciados (y que falló a favor del proyecto), Pedro Pierry, es dueño de acciones en Endesa, una de las empresas dueñas de HidroAysén. La otra acusación recae sobre la ministra María Eugenia Sandoval, quien tiene un hermano abogado que habría prestado servicios a Colbún, aunque la compañía desmiente esta información. Es cierto que el hermano de Sandoval no asesoró de forma directa a la compañía generadora, pero si tiene como clientes a las empresas CMPC y Forestal Mininco, parte del grupo Matte, copropietaria de HidroAysén.
El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, descartó que estos vínculos hayan afectado la independencia de los jueces y recalcó que la “la Comisión de Ética ya está funcionando y ustedes ya sabrán de los resultados de la investigación, pues es una cuestión puntual, el país no es solamente la Tercera Sala (la que falló en forma dividida la aprobación de las tres represas del mega proyecto), sino que impartimos justicia de Arica a Magallanes”.
Para -y en buen chileno- sacarse los balazos, Ballesteros realizó estos comentarios luego de presentar un estudio internacional que otorga al Poder Judicial chileno el primer lugar del continente en acceso a la información.
Fuente: Comisión de Ética de la Suprema analizará reproche a jueces que aprobaron Hidroaysén (El Mostrador)
