José Ramón Gómez y Pascual Cruz, dos activistas de la etnia Náhualt del estado de Puebla, fueron detenidos en enero de 2010 y condenados a más de seis años de prisión acusados del robo de un vehículo. Sin embargo, existen informes que comprueban que el vehículo fue abandonado y llevado a una estación policial, quedando a su resguardo.
Esto sería la prueba para liberar a este par de hombres que justamente estaban luchando porque su comunidad recibiera derechos de agua, ya que no cuentan con el vital elemento. Pese a la evidencia, fiscalía continuó con el juicio sin investigar estos antecedentes.
Además, el proceso judicial “estuvo plagado de irregularidades”, como la falta de un intérprete para los acusados y contradicciones entre los testigos que no fueron aclaradas. Es por todo lo anterior que Amnistía Internacional, levantó una acusación contra las autoridades Mexicanas, por “fabricar delitos” para encarcelar a estas personas, quienes son a juicio de la organización, “presos de conciencia”.
Esto se da en otros casos también, por lo que calificaron que estos “juicios injustos, y sentencias infundadas”, deben ser revocados para poner en libertad de inmediato a quien han sido injustamente privados de libertad.
“En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas marginalizadas sin garantizar el debido proceso”, indicó Rupert Knox, investigador sobre México de la ONG.
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Preso político sioux-chippewa recibe premio internacional a los DD.HH
Fuente: Amnistía Internacional acusa a México de fabricar delitos para encarcelar a activistas indígenas (Bío-Bío)
