Alberto Fujimori, ex presidente peruano que murió a sus 86 años de cáncer y que gobernó desde 1990 hasta 2001 deja un legado ensombrecido que no le dejan de recordar. De hecho, el ex jefe de estado, cuyo origen era japonés, estuvo en la cárcel 16 años hasta ser indultado. Tenía una condena de 25 años por dos matanzas de civiles, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Pero lo que ahora le recuerdan es el crimen contra miles de mujeres quechuas en 1996 a 1998 que fueron a la corte a hablar en contra suya y que fueron esterilizadas forzadamente.
Según cifras del Ministerio de Salud de Perú, entre 1996 y 2001 más de 27 mil mujeres y 22 mil hombres, más que todo provenientes de comunidades empobrecidas y racializadas fueron esterilizados sin su consentimiento y algunos ciudadanos llegaron a morir por malas prácticas médicas.
Esto, con el programa conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, medida eugenésica para combatir la pobreza, según el gobierno, y reducir la natalidad en sectores de escasos recursos.
Fujimori señaló en 2002 que no tenía nada que ver con aquello y el gobierno peruano afirmó que los procedimientos sí fueron realizados con consentimiento.
Sin embargo, hasta 2021 se buscó la justicia.
Las víctimas de esterilizaciones forzadas de Alberto Fujimori hablaron en masa y contaron su verdad
Mäs de 2000 mujeres contaron que fueron forzadas, o engañadas para operarse. Incluso la fiscalía señaló al ex presidente en aquel entonces. Sin embargo, una investigación del Congreso en 2002 encontró que los funcionarios de salud eran presionados para alcanzar metas y que esto se realizó sin consentimiento.
Las víctimas, en su mayoría, solo hablaban quechua. También en el informe se habló de complicaciones posoperatorias que causaron la muerte de muchas de ellas.
De hecho varias ONG buscaron justicia contra Fujimori en este caso que pasará a la historia por generar el efecto contrario: de hecho, según Wiikipedia, quedan 2166 denuncias por esterilizaciones forzadas, más 5097 mujeres que identificó el Ministerio de Justicia como víctimas de un crímen que está en el Estatuto de Roma.
Ahora bien, la respuesta institucional fue más bien lenta y olvidadiza. Hasta 2023 aquellas mujeres siguen luchando por justicia.
