Mientras el gobierno mexicano permite el envenenamiento de ríos y bosques a consecuencia de la minería, pueblos indígenas unen fuerzas para proteger la integridad del medio ambiente y la salud de miles de familias que se ven afectadas por estas actividades.
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El Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla da a conocer, a través de su blog, que se han presentado 3 demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra las concesiones mineras. En ellas señalan que sus derechos han sido vulnerados por el mismo Estado mexicano al afectar sus territorios sagrados y ancestrales.
- 17 de marzo: el pueblo maseual de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, interpuso un amparo, mismo que fue admitido en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Puebla.
- 24 de marzo: el pueblo náhuatl de Zacualpan, interpuso un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Colima.
- 7 de abril: la comunidad campesina de Tecoltemic, de Ixtacamaxtitlán, interpuso su amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Puebla.
Gracias a estos 3 amparos, admitidos en menos de un mes, el Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión de las concesiones mineras. Esto significa que, mientras se desarrolle los juicios de amparo, no se podrá realizar ningún tipo de actividad minera, ni de explotación, en dichos territorios.
Algo similar ocurrió en septiembre de 2013, cuando el pueblo wixárika logró la suspensión de las concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta — lucha que continúa en pie hasta cancelar por completo los proyectos.
Piden el respeto a sus derechos humanos
Estas acciones en conjunto hablan de un movimiento de los pueblos originarios por exigir que se hagan valer sus derechos. De igual forma ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que el mismo Estado permite a través de la política publica minera.
En comunicado de prensa, firmado por el Consejo Tiyat Tlalo, Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se señala lo siguiente:
La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente.
Esa misma unión hace que México y el mundo observe la situación minera en el país. Esperemos que, como en Wirikuta, las concesiones permanezcan suspendidas hasta la cancelación de los proyectos. En tanto, estemos al pendiente que se hagan valer los derechos de nuestros pueblos hermanos. ¡Evitemos que el veneno de la minería se extienda!
