Filas de hasta dos kilómetros de automóviles a la espera de cargar gasolina. Conductores que pasan las noches en sus autos para asegurar un espacio en las gasolineras.
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Cientos de estaciones de servicio cerradas por falta de combustible y en algunos casos hay riñas entre clientes desesperados.
Es el escenario de los últimos días en varios estados de México, afectados por el desabasto de gasolina y diésel.
El problema surgió después del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir las redes de robo de combustible creadas en las últimas décadas y en las que según el nuevo gobierno participan empleados de Pemex.
Según datos oficiales, el robo de combustibles le provoca al estado unas pérdidas de 60.000 millones de pesos al año, unos US$3.000 millones.
La estrategia fue cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El objetivo fue evitar que las bandas de “huachicoleros” (ladrones de combustible) extrajeran gasolina de los ductos.
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Pero con ello se interrumpió también el suministro a decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.
Ahora el combustible se envía con cientos de camiones cisterna, pero la distribución es insuficiente para atender la demanda.
López Obrador reconoce que la estrategia contra el “huachicol” (combustible robado) genera problemas y molestias. Pero empieza a funcionar.
Antes de aplicar el plan el promedio de robo de pipas era de 787 al día. Ahora la cifra se redujo a 177 diarias asegura el presidente.
“Desde que iniciamos el plan se han robado 8.540 pipas menos. Si se colocaran las pipas una tras otra son como 80 kilómetros de pipas las que ya no se han robado”, dice.
Según el presidente, eso ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos (unos US$129 millones).
Redes de «huachicol»
El robo de combustible es uno de los problemas de seguridad más graves de México, reconocen autoridades y especialistas.
Es una actividad donde participan comunidades enteras en algunos estados, como Puebla o Guanajuato, pero que también involucra a empresarios, militares, policías, alcaldes y empleados de Pemex.
Por ejemplo, este martes López Obrador informó que se investiga a quien fue subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Eduardo León Trauwitz.
El militar era responsable de vigilar la red de ductos de la empresa y combatir el robo de combustibles.
El área donde participaba León Trawitz es una de las que fueron intervenidas por el Ejército ante la sospecha de que desde allí se permitía el «huachicoleo».
“Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo”, dijo el presidente.
En la tarde de este martes, León Trawitz no había respondido al señalamiento.
Por otra parte, este lunes, los militares que vigilan la refinería de Salamanca, Guanajuato, encontraron una manguera de tres kilómetros de largo conectada a los tanques para almacenar gasolina.
Con la manguera se extraía el combustible que se guardaba en un almacén fuera de la refinería.
Estrategia militar
En estas redes también participan empresas y gasolineras donde se vende combustible robado, dicen las autoridades.
López Obrador dijo que “desde un piso de la Torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas las mantenían abiertas”.
Nació entonces un mercado paralelo de hidrocarburos.
“Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con distribución, venta a particulares” dice el presidente.
Ahora con la nueva estrategia contra el “huachicoleo” se revisan las compras de combustible en las gasolineras y el volumen final de sus ventas.
Eso permitirá ubicar los negocios que venden gasolina robada, algo que pocas veces se aplicaba según especialistas como la consultora Etellekt.
Otro elemento de la estrategia contra el robo de combustible es la custodia de marinos y soldados a instalaciones de Pemex.
Desde hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 4.000 elementos para vigilar los ductos.
Adicionalmente se asignaron 900 soldados y marinos para acompañar a las pipas con gasolina, y evitar que sean secuestradas por “huachicoleros”.
Los militares revisan además las instalaciones en refinerías, el uso de teléfonos móviles por parte de los empleados y constatan que cada pipa transporte la cantidad de combustible asignada.
En algunos casos se monitorea el destino de los camiones cisterna para asegurar que lleguen a las gasolineras.
A pesar del despliegue militar, el abastecimiento en los estados afectados continuaba este lunes e inclusive los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Michoacán, Silvano Aureoles, pidieron una fecha para reabrir los oleoductos.
Pero las válvulas seguirán cerradas el tiempo que sea necesario, insiste López Obrador. «A ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros».
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