Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, plantea no permitir vuelos directos a Galápagos por su frágil ecosistema.
Esto es parte de las cinco objeciones a la Ley humanitaria que plantea el Gobierno de Lenin Moreno.
Estas objeciones también incluyen: la extensión de posibilidades de pago a las empresas que hayan parado sus actividades económicas, afectación por el ruido de aeronaves, y demás necesidades que los vuelos internacionales requieren el control de los plazos de pago de instituciones no financieras, establecer requisitos de fuerza mayor para la terminación de contratos laborales y evitar el corte de la cadena de pagos a empresas aseguradoras y Telecomunicaciones.
Respecto a la Disposición Transitoria Vigésima Segunda que señala:
«El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la Dirección General de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, establecerán la conveniencia de activar los aeropuertos de las Islas Galápagos para vuelos internacionales directos.
Esto se realizará en coordinación con los Ministerios de Turismo y Salud, como con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia para que determinen su factibilidad, hasta que el sector turístico del Ecuador continental se recupere”.
Resguardar el turismo y las Islas
Para Patricio Alarcón, de la CCQ, es importante señalar que, en primer lugar, Galápagos en su calidad de patrimonio mundial, y por tener un ecosistema que debe ser objeto de protección cuenta con cargas máximas de visitantes, respaldadas en estudios.
«El permitir vuelos directos entre otros efectos, parte del mencionado tendrían sobre el ya frágil ecosistema de Galápagos una afectación por el ruido de aeronaves, y demás necesidades que los vuelos internacionales requieren, implicarían un peligro para aquello que tanto se ha defendido y que ha costado mantenerlo en las mejores condiciones.
Asimismo, como es de su conocimiento uno de los sectores de mayor afectación es el del turismo, mismo que se vería aún más perjudicado, pues esto significaría una drástica disminución de frecuencias nacionales y un impacto en la ocupación hotelera de Quito y Guayaquil y en general al Ecuador toda vez que los operadores aprovechan para realizar turismo interno diferentes ciudades.
En tal sentido consideramos que, dicha disposición debe ser objeto del veto, eliminándola totalmente», manifestó Alarcón.
