Alrededor de 712 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos el primer semestre del 2019 debido a que fueron víctimas incidentales de la violencia feminicida, estima un conteo realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
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Según dicha información –que se obtuvo al cruzar el número de indagatorias por feminicidio con los 2.1 hijos que en promedio tiene en México una mujer en edad fértil– cuatro mil 275 menores quedaron en esta condición entre diciembre de 2018 y junio de 2019.
“Esa información es el estimado que se hizo cuando arrancaron las mesas técnicas de acceso a la justicia. La información actualizada la tiene la directora general que lleva el proyecto”, informó la oficina de comunicación social de la dependencia; sin embargo, Publimetro no obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista requerida el 18 de febrero.
Según la página oficial de Inmujeres, en agosto de 2019 se instalaron 32 mesas técnicas para la revisión de dos mil 192 casos de homicidios femeninos dolosos y feminicidios ocurridos de diciembre de 2018 a junio de 2019, con el fin de garantizar la protección, el acompañamiento especializado y atención psicológica hacia el menor, ya que “no en pocos casos fueron testigos del asesinato de su madre”.
No hay protocolos integrales: REDIM
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), aseguró que actualmente no hay ningún protocolo específico para tratar a un menor que fue testigo de un hecho criminal, lo que es una tarea pendiente que tiene Inmujeres, según lo comprometido por dicha institución.
“Debe de existir una restitución de los derechos de los menores de edad, además de un acompañamiento psicológico y de salud, lo cual está en mandato de ley, pero eso no quiere decir que estén funcionando. Lo ideal es tener un abordaje integral que requiera una intervención focalizada y psiquiátrica de forma profesional, pues una experiencia tan fuerte a lo largo de su vida no se borra”, mencionó.
Pérez García apuntó que la violencia machista extrema que se traduce en feminicidio no sólo daña a las niñas y niños, sino también el entorno familiar, pues suele romperse el contacto con la familia paterna, ya que la madre en ocasiones impide la interacción con ellos, lo que complica más reinstalar los vínculos.
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“El 30 de abril del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se comprometió a avanzar en el registro de menores de edad huérfanos por feminicidio, y también a buscar un mecanismo para que se tuviera claridad de cuántas mujeres asesinadas tenían hijos, pero van avanzando muy lento”, señaló el director de REDIM.
Fuertes daños psicológicos
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 44% de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas sentimentales. Este hecho, según especialistas, genera un daño profundo en la socialización del menor, regresiones, disociación, actitudes violentas, sensación de terror en donde se encuentre y hasta daños a la salud, pues puede desarrollar ansiedad y estrés postraumático.
Arlette Vania Padilla Vázquez, especialista en psiquiatría infantil y perito auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en materia de psiquiatría, relató a Publimetro que tiene que realizar un trabajo integral con la familia, además de una terapia de tipo conductual para cambiar los recuerdos y pensamientos negativos o de culpa.
“Las afectaciones pueden ser desde un trastorno de estrés postraumático, ausencia de actividad emocional, no reconocimiento de su entorno, dificultad de socialización, disociación y depresión. Es mucho más difícil trabajar estos casos, sobre todo si el victimario es el padre o alguna figura paterna, pues son chicos que realmente piensan que nada ni nadie los puede proteger”, indicó la especialista.
Las repercusiones también pueden llegar a afectar la salud, pues los menores pueden desarrollar gastritis, dermatitis o algún trastorno como depresión o ansiedad, debido a la situación de estrés con la que viven, señala la profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ana Celia Chapa Romero.
“Los niños no pueden digerir tan rápido toda la información y quitar sentimientos de culpa y enojo, pues en muchas ocasiones sienten que están traicionando a alguno de sus padres. Por esto es importante que el Estado garantice la reparación del daño, con el fin de que puedan superar una experiencia tan fuerte, pues si no, luego viene una naturalización de la violencia y piensan que la violencia y el amor están enlazados”.
Lanzan iniciativas
Recientemente la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hizo un llamado para que las autoridades de todos los niveles de gobierno realicen acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes del país. En tanto, la diputada local Leonor Otegui presentó una iniciativa y punto de acuerdo para que se brinde atención medica y psicológica a los menores afectados.
¿Cuál es la iniciativa y punto de acuerdo que presentó en el Congreso?
—Recientemente presenté un punto de acuerdo que se turnó a la Secretaría de Salud y al DIF-CDMX, el cual busca que se garanticen la educación y servicios psicológicos y psiquiátricos a los menores que sufren este tipo de violencia. Además, anteriormente lance una iniciativa para que se aclare cuántos niños y niñas se encuentran en esta condición; es un tema que hay que visibilizar.
Desde agosto Inmujeres instaló mesas de diálogo para abordar el tema; sin embargo, no se sabe de su avance. ¿Qué opina?
—Desde agosto Inmujeres se comprometió a investigar cuántos menores de edad se encuentran en esta situación: es importante saber en qué condiciones se encuentran y cómo el estado les garantiza la educación y ayuda psicológica y psiquiátrica.
Sobre el mutis que ha tenido la dependencia y la falta de información de las mesas de diálogo se debe a la falta de transparencia en este proceso.
¿Se ha olvidado este sector?
—Es una población invisible, nadie los ve, nadie habla de ellos. Además, en muchos de los casos el padre de los niños y niñas es el asesino de la madre y en muchos casos no se sabe o no se sigue el proceso de la custodia.
