El Código Penal ecuatoriano (COIP), que se estableció en 2014, tiene causales que permiten el aborto. El mismo está permitido en dos casos, según el artículo 150: cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de la violación a una mujer con discapacidad mental.
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En cualquier otra circunstancia está prohibido y se paga con una pena de 1 a 3 años de cárcel para las personas que practiquen el aborto y una pena de 6 meses a 2 años para las mujeres que permitan que se les realice un aborto.
Según la Fiscalía, desde agosto del 2014 hasta mayo del 2017, 184 mujeres fueron procesadas por el delito de aborto consentido. Según la entidad de justicia, un 90% de las mujeres que han abortado -por sus medios- son denunciadas por los galenos que las reciben con complicaciones obstétricas.
Estos casos son investigados como se hace con un homicidio y se hacen valoraciones psicológicas para confirmar el accionar de esas mujeres.
Pero ante el miedo a la denuncia del médico y a terminar involucradas en procesos penales o, incluso, ir a la cárcel, muchas mujeres prefieren acudir a la opción de la clandestinidad que está al alcance de un clic y una llamada.
En Quito, igual que un pedido de comida rápida se hace un pedido para una cita con previsión a interrumpir un embarazo.
¿Cuáles son los pasos a seguir para practicar un aborto? Con tan solo llamar a varios números que ofrece el buscador de Google cuando pone: lugares para abortar en Quito se despliega un abanico de opciones.
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Se llamó a cuatro sitios diferentes, tres atendieron y el otro restante se excusó en dar la información porque al momento estaba realizando un legrado.
En el primero atendió el doctor Mauricio (nombre protegido) quien citó a las 15h00 de mañana , jueves 30 de enero del 2018. Al preguntar si tiene una clínica manifestó que no y que atendería en su oficina, ubicada por el sector de La Alameda. Se cuestionó sobre el costo y “entre dientes” dijo que tiene que hacer una valoración para definir eso pero que la primera consulta es gratis.
Supo explicar que el precio depende del procedimiento y el tiempo de gestación.
En otro número contestó la asistente de la especialista, no quiso identificarse. El no es un médico con registro en la Senescyt pero se indicó que es un experto en el tema y que debía acercarme para “ganar confianza”. Solicitó un eco pélvico, preguntó el tiempo de gestación y al señalar que eran dos meses determinó que costaría entre $70 y $100 y pasado los 4 meses el costo va hasta los $350. Tampoco se trataba de una clínica sino una oficina por la Eloy Alfaro.
En el tercer número telefónico también solicitaron asistir con un eco, y con la pareja para informarse de todos los riesgos. La cita era en un consultorio por Santa Clara y en el caso del supuesto embarazo, de dos meses, costaba $80 con un procedimiento de aborto a través de pastillas.
Así llamó Andrea (nombre protegido), hace dos años, cuando quedó embarazada de su novio, quien la traicionó meses antes de enterarse la noticia y no quería tener a ese bebé. Fue donde un médico de su barrio, al sur de Quito, y le explicó los riesgos. Pese a eso lograron realizar un legrado detectando que se trataba de gemelos. Tenía 3 meses de embarazo y el doctor le cobró $250 por el procedimiento.
Hace 6 meses, Andrea acompañó a su amiga Cristina (nombre protegido) para que le hagan lo mismo porque quería interrumpir su embarazo. Esta vez, el médico no accedió por una demanda de otra joven que puso un juicio en su contra por violación del secreto profesional por parte del galeno.
La ministra de Salud, Verónica Espinosa, resaltó debe respetarse el secreto profesional, que es una obligación reconocida en la Constitución y el propio Código Orgánico Integral Penal.
«En ese sentido, restringir la atención médica postaborto, por el temor a las represalias o sanciones penales, puede causar que algunas de ellas tengan graves dolencias o mueran, de acuerdo con criterios de especialistas internacionales».
Con ese argumento, la Ministra de Salud dispuso brindar la atención médica necesaria en los establecimientos a los casos de interrupción del embarazo y sus complicaciones, únicamente bajo la legislación vigente y considerando procedimientos establecidos en las guías de práctica clínica de la entidad de salud.
