Ayer no enterábamos por los medios chilenos acerca de la noticia de una joven de 21 años que fue a realizarse un aborto clandestino, pero que una vez llegado el momento del procedimiento se arrepintió, razón por lo que fue asaltada por la ejecutora, quien le habría exigido con arma en mano los 370 mil pesos que habrían acordado.
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En Chile el aborto es un delito visto desde cualquier perspectiva, por lo que cualquier mujer que desee postergar (interrumpir) su maternidad, ya sea por asuntos personales o por complicaciones en la salud, es una delincuente.
En Chile el aborto es ilegal, por lo que la mujer de escasos recursos que no se siente preparada para ser mamá debe aprender a morderse los dientes. La mujer de clase media puede comprar su decisión, pero debe sumergirse en la clandestinidad, corriendo riesgos como el caso citado del asalto, contraer infecciones o incluso la muerte. La mujer con mejores recursos, debe viajar a Miami de urgencia para operarse de apendicitis, volviendo claramente con un desgarro intenso en el corazón.
Por que los que aún creen que el aborto es un juego, un mero trámite, un frío deseo, no conoce ni se imagina el tormento que viven las mujeres que deben pasar por esto. Sin embargo, si el gobierno tuviera la verdadera voluntad de amparar, aconsejar, guiar y ante todo, la voluntad de educar, habría muchísimo menos que lamentar.
Nos imponen la responsabilidad de criar, cuando ni siquiera existe la voluntad de entregar herramientas de culturización esparcida en el aire como esencia y base de toda legítima sociedad, porque en Chile eso y hasta nuestros derechos tienen un valor peso.
Desear un aborto o arrepentirse de éste, es tan propio como parte de los procesos de una gestación cargada de miedos, que muchas veces por no contar con el apoyo, la legalización o el asesoramiento correcto, nos lleva a arriesgar nuestras vidas o a la decadencia de casos como el que hoy exponemos.
Siguiendo el ejemplo uruguayo…
Desde que Uruguay legalizó el aborto, existe un plan de asesoramiento interdisciplinario, integrado por al menos tres profesionales de los cuales uno debe ser ginecólogo, otro debe tener especialización en el área de la salud psíquica y el tercero en el área social.
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Ellos informan a la mujer las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Del mismo modo, le comunican las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como la posibilidad de dar su hijo en adopción. Además la asesoran para prevenir embarazos futuros.
El artículo 3º de esta Ley establece que “el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”.
Luego, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días para ratificar su voluntad de interrumpir el embarazo ante el ginecólogo tratante. Si accede al aborto, se realizará un seguimiento para superar la carga psicológica, física y emocional que implica este procedimiento.
Ojalá algún día Chile deje de criminalizar el aborto y logre seguir este ejemplo.
