Ante la sorpresa de ecologistas y medioambientalistas, el pasado martes el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Consejera y el Director General de Montes y Espacios Naturales, aprobaron la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha, en España, la cual incentiva la caza, ofrece subvenciones y castiga a quienes interrumpan la práctica. Incluso, permite que se dispare a perros y gatos vagos. El uso público de los montes castellano-manchegos pasaría a ser la caza. Uno de los aspectos de la ley que ha causado más asombro y rechazo es el permiso de matar perros y gatos.
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Dicha ley también permite el cierre de caminos, el cambio de modelo de la caza con más intensidad y multas a cualquier distorsión de la actividad de la caza por parte de cualquier persona o grupo que atente contra la seguridad de las especies protegidas -como el lince ibérico- y de las personas, e incluso permite la caza con trampas.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y vocero del Ejecutivo regional, Leandro Esteban, dijo a ABC que se trata de:
una norma que tiene carácter social, puesto que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y, además, garantiza la conservación de la naturaleza y la mejora genética y sanitaria de las especies”. Esteban agregó también que el proyecto favorecerá la economía de la zona, puesto que “la caza en Castilla-La Mancha es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo, por lo que tanto merece una especial atención, como la que el Gobierno de Cospedal propone con esta normativa.
A puertas cerradas
Sin consultar al Consejo de Caza, la Junta de Comunidades aprobó la ley generando inmediato rechazo entre animalistas y la molestia del Consejo de Caza que no han tenido oportunidad de revisar el texto. Antes de que se aprobara, el Director General de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez, había asegurado que la ley pasaría por una segunda vuelta en el Consejo de Caza para evaluar los puntos a modificar. Sin embargo, no fue sido así y el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto.
La ONG Ecologistas en Acción han dicho al medio El Diario que la Consejería del Medio Ambiente ha actuado con clandestinidad al mentirles sobre el estado real del anteproyecto y aprobarlo sin consultar al Consejo de Caza ni a organismos medioambientalistas, quienes no han recibido respuesta a las tantas sugerencias hechas a la ley. Además, manifestaron en su sitio web que “lejos de responder a principios básicos de sostenibilidad ambiental y de respeto al resto de ciudadanos, el anteproyecto parece atender en exclusiva a los intereses de la caza comercial más intensiva y hará de nuestros campos un lugar más peligroso y difícil de acceder“.
Por otra parte, la Plataforma contra la Ley de Caza ha presentado su total rechazo a la aprobación y los puntos que toca la ley, especialmente el que tiene que ver con la subvención de la caza intensiva, arguyendo que dicha ley cae en un menoscabo evidente a los derechos de acceso al medio natural, de protección animal y de la naturaleza, además de que implicará un impacto negativo en las arcas públicas y en otras actividades económicas, como el turismo rural.
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En consecuencia, anunciado que presentará cargos ante las Cortes Regionales para intentar frenar o al menos modificar los puntos de la ley que consideran tendrá consecuencias nefastas para el entorno rural.
Ecologistas en Acción ha lanzado una campaña para derogar el anteproyecto en la que se han juntado hasta ahora 35 mil firmas.
