Defender el medio ambiente es cada vez más peligroso y puede ser una causa para perder la vida. Las cifras cada vez son más alarmantes, de acuerdo al recién publicado reporte de la organización internacional Global Witness.
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Se tiene registro que entre 2002 y 2013, 908 personas murieron asesinadas por su defensa de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. La cifra de muertes en 2012 se triplicó respecto la de 2002 y en los últimos 4 años el índice de muertes a aumentado a un promedio de 2 activistas por semana.
Esta información no es definitiva, pues existen casos en los que no se ha podido encontrar y verificar la información correspondiente, por lo que podría ser un número mayor. De cualquier manera, el índice es muy similar respecto de los 913 periodistas que han perdido la vida desempeñando su labor en el mismo período.
2012 ha sido el año más crítico. Se tiene conocimiento que 147 defensores de la tierra y del medio ambiente perdieron la vida. Tan solo el día en que se clausuró la Cumbre Río+20, dos defensores de los derechos de los pescadores contra la expansión de operaciones petroleras fueron secuestrados en Río de Janeiro y un par de días después se dio a conocer que habían sido ejecutados.
Del total de asesinatos en 10 años, solamente se tiene constancia de que 10 de estos crímenes hayan sido investigados, juzgados y castigados, siendo el 1% de la cifra total. Esta impunidad y falta de sanción y reparación a las víctimas y sus familias, ha influido en que otras personas dejen de proteger derechos ambientales.
Los países más peligrosos para defender derechos ambientales y agrarios son Brasil, con un total de 448 casos – no olvidemos al defensor de los bosques de la Amazonía Chico Mendes – seguido por Honduras con 109 casos y Filipinas con 67. En México la situación también es preocupante, pues desde 2006 más de 20 defensores y defensoras han sido asesinados o han desaparecido, como el caso de Eva y Marcial en Guerrero.
Los asesinatos no distinguen causas, aunque si hay un patrón en ciertos temas. Muchas de las muertes son relacionadas con la oposición al acaparamiento de tierras, actividades mineras y el comercio industrial de madera.
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La población que se ve más afectada son los pueblos y comunidades indígenas, quienes en muchos casos sus derechos sobre la tierra no han sido reconocidos y cuyo modo de vida no es entendido por las autoridades y empresas en pro del desarrollo. Se enteran de las posibles afectaciones a su tierra cuando empiezan las construcciones de los desarrollos, sin que haya habido una consulta previa de acuerdo a los estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Todo esta problemática se da en un contexto en el que los gobiernos no aceptan que existe un patrón de muertes relacionadas con la defensa del medio ambiente; las empresas tienen un gran poder económico y político; y las personas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Por ello, los gobiernos deben cumplir con todas sus obligaciones para evitar que esta situación siga agravándose y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los defensores ecologistas.
Fuente: Deadly Environment (Global Witness)
