Desde hace algunos meses, cuando el presidente de México Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética, el debate sobre el tema no ha parado. Hemos sido bombardeados por todos los medios posibles sobre la postura a favor de ella: el petróleo seguirá siendo de los mexicanos, se modernizará la industria petrolera, se impulsarán alternativas ambientalmente amigables, se crearán empleos, etc.
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Pero por otro lado, se han escuchado voces críticas. Contra la privatización del petróleo y la entrada de capital extranjero a Pemex, contra la explotación de gas shale y de la facturación hidráulica (fracking), por la falta de inclusión de energías renovables y la persistencia en darle prioridad a los combustibles fósiles, entre otras. Personajes como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas se han pronunciado en contra. Incluso, desde hace unos días, el Senado se encuentra cercado por un grupo de personas que se oponen a la reforma.
El día de ayer, en sesión extraordinaria, las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores iniciaron la discusión del proyecto de dictamen de reforma energética.
Este dictamen se realizó con base en la propuesta de Peña Nieto, tomando en cuenta otras opiniones e iniciativas, especialmente las del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).
¿Qué contiene este dictamen de Reforma Energética?
Este dictamen propone una serie de cambios a la Constitución mexicana, específicamente de los artículos 25, 27 y 28.
En el artículo 25, que se refiere a la rectoría del desarrollo nacional, se proponen cambios para incluir que éste debe ser sustentable. Además, se determina que las leyes serán las que regulen las materias de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, en especial las normas sobre la administración, organización, funcionamiento, procedimientos y demás actos de las empresas productivas estatales.
Con los cambios al artículo 27, no se permitirían las concesiones de energía eléctrica a particulares pero sí se podrían celebrar contratos con ellos. En el caso del petróleo y demás hidrocarburos, también se reitera que son propiedad de la Nación que no pueden ser sujetos a concesiones pero si se pueden celebrar contratos con particulares para la exploración y extracción de esos recursos.
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Finalmente, el artículo 28 plantea la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, que se trata de un fideicomiso para recibir, administrar y distribuir los ingresos – diferentes a los impuestos – derivados de las asignaciones a las empresas productivas estatales y los contratos con particulares.
Pero los artículos transitorios son los que más polémica han causado:
- Una vez que entre en vigor la reforma, el Poder Legislativo tendrá 120 días para adecuar las normas sobre la modalidad de contratación con particulares y con las empresas estatales. Incluso se señalan cuáles deben ser: de servidos, de utilidad o producción compartida, o de licencia.
- También se deben fijar las contraprestaciones que se deben pagar a las empresas productivas estatales y particulares. Se podría pagar en efectivo; con un porcentaje de la utilidad; con un porcentaje de la producción obtenida; o con la transmisión onerosa de los hidrocarburos.
- Los sectores de energía eléctrica y de hidrocarburos pasan a ser de carácter preferente sobre otras actividades a realizarse en superficie y en el subsuelo del territorio mexicano.
- Se tendrá que adecuar el marco jurídico para establecer un régimen específico en materia de transparencia para estos sectores.
- Se establecen nuevos organismos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía,
Reacciones de los Senadores
La sesión extraordinaria inicio con los posicionamientos por partido político. A favor de la iniciativa y en representación de sus partidos se pronunciaron Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Vega Casillas del PAN y José Ascensión Orihuela Bárcenas del PRI.
Por su parte, Manuel Bartlett del Partido del Trabajo (PT) y Dolores Padierna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron muy claros en su rechazo hacia los cambios constitucionales en materia energética.
De acuerdo a las diversas intervenciones de miembros de estos partidos a lo largo del día, se enfatizó que no es necesaria una reforma constitucional, sino que con cambios a las leyes en la materia, y pensando en la realidad de Pemex sin imitar modelos de otros países muy diferentes al caso mexicano, se podrían alcanzar los objetivos de mejorar la productividad y competitividad de Pemex.
Otros temas señalados por quienes se oponen a la reforma fueron la corrupción en Pemex y en su sindicato; la irresponsabilidad de las empresas trasnacionales petroleras como sucedió en Ecuador con Chevron; y el sometimiento de las disputas de controversias legales a tratados internacionales y acuerdos comerciales como preámbulo para la entrada del muy controversial Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).
¿Qué sigue?
Hoy continuarán las discusiones en Comisión. Una vez aprobada en esa instancia, el debate continúa en el Pleno del Senado, para que posteriormente se discuta en la Cámara de Diputados. Dependiendo de que suceda ahí, el dictamen puede regresar al Senado si se le hicieron cambios, o bien, si se obtuvieron los votos necesarios sin cambios, se envía a las legislaturas de todos los estados.
Cuando la mayoría de los estados vote en favor de la reforma, el Ejecutivo debe publicar los cambios en el Diario Oficial de la Federación. Este procedimiento podría tardar semanas, meses e incluso años. Hasta entonces, es cuando se concretaría la reforma.
Fuente: Dictamen de Reforma Energética (Animal Político)
