No podemos negar que la situación por la que atraviesan las y los campesinos en América Latina es preocupante. Distintos factores, como los tratados de libre comercio, la introducción de cultivos transgénicos, la privatización de semillas, el acaparamiento de tierras e incluso los mismos fenómenos naturales, han sido factores determinantes para que se hayan convertido en un grupo vulnerable.
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Fue por todo lo anterior que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC-VC), en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer información actualizada sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de este grupo en los distintos países de la región.
En la audiencia celebrada el pasado 29 de octubre dentro del marco del 149º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH, participaron representantes campesinos de República Dominicana, Guatemala, Argentina, y Nicaragua. Los temas centrales a los que se refirieron fueron:
Soberanía alimentaria y semillas
Los campesinos han mantenido un sistema de agricultura tradicional, basado en la diversidad, en el respeto al entorno y de los ecosistemas, pensando en las futuras generaciones. Este sistema garantiza la soberanía alimentaria, que se refiere a la capacidad de los pueblos de producir y acceder a alimentos en cantidad suficiente y de forma culturalmente adecuada. Su importancia radica en que el 70% de la alimentación mundial aún proviene de la agricultura campesina.
Pero esta soberanía alimentaria se ve amenazada por la agricultura industrial promovida por unas cuantas trasnacionales. Estas empresas promueven la privatización y mercantilización de los alimentos, así como de los insumos para su producción; provocando que los alimentos sean sometidos a la especulación de los sistemas financieros, aumentando sus precios.
Además, el poder económico y político de estas empresas han logrado que los gobiernos de los diferentes países adopten leyes y políticas en su beneficio, y no en el de la agricultura campesina. Un ejemplo son las leyes de semillas en países como Paraguay, Colombia, Chile, Argentina, México y Brasil.
Acaparamiento de tierras y criminalización
La promoción de megaproyectos como minería, hidroeléctricas, explotación petrolera y monocultivos ha contribuido a que los campesinos sean desplazados de sus tierras y de sus prácticas tradicionales.
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Debido a la lucha y resistencia que han iniciado contra estos proyectos, los gobiernos han sido cómplices de las empresas y han criminalizado sus luchas, denunciaron los campesinos. Al defender sus tierras y recursos naturales, otros derechos como su vida, libertad e integridad personal se han visto vulnerados.
Falta de estándares específicos a nivel regional
Aunque la CIDH se ha pronunciado respecto las amenazas a las que se enfrentan las personas que defienden su territorio, aún es necesario que tomen en cuenta las situaciones específicas de los campesinos en la región y analicen otros derechos, como el derecho a la alimentación, a la vida digna, al trabajo, a la salud y al territorio y recursos naturales. Recalcaron que otros organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya trabajan en el tema, por lo que deberían buscar trabajar en conjunto.
Finalmente, solicitaron a la CIDH iniciar un diálogo con todos los campesinos de la región, los gobiernos y las trasnacionales, con la intención de adoptar una política regional para solución a una problemática regional.
Además de las peticiones hechas en la audiencia, ambas organizaciones presentaron un informe en el que detallan las violaciones a los derechos humanos que sufren los campesinos alrededor de la región y algunas sugerencias de cómo mejorar la situación actual.
Fuentes: Histórica audiencia sobre derechos de los campesinos en la OEA (Vía Campesina) y Audiencia regional en la CIDH: situación de las y los campesinos en América Latina (CELS)
