Los recursos naturales son de propiedad soberana de los pueblos que residen dentro de los límites territoriales de un país. Por lo menos así debería ser para que cada uno de los habitantes pueda alcanzar el desarrollo tanto individual como colectivo, pudiendo cubrir al menos sus necesidades básicas.
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Lamentablemente, y en especial en América Latina, el saqueo, usurpación y robo que eufemísticamente llamamos “privatización”, genera grandes problemas sociales, culturales, económicos y medio ambientales en las comunidades que se ven despojadas de sus riquezas. El ensayo de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, lo deja bastante claro.
Es así como en Chile, luego del Golpe Militar se borró por completo lo gestionado por la Unidad Popular, presidida por Salvador Allende y se impuso un modelo exportador de materias primas privado, que encontró un fuerte impacto ambiental.
Forestales que arrasaron con el bosque nativo en tierras indígenas recrudecieron el choque del Estado con Mapuche, especies introducidas como el kiwi, salmón, conejo angora, ranas, el zorro chilla, entre otros, que acabaron con el equilibrio de la biota nativa y que hasta hoy reporta enormes pérdidas para el fisco con el fin de mantener la “imagen país”, un código de aguas que dejó en posesión del recurso hídrico a privados, con la expresa indicación que el estado no puede entrometerse en su uso, y lejos lo peor, retroceder el enorme legado del presidente Allende, desnacionalizando la minería, en particular la del cobre.
La dictadura, qué duda nos cabe, no fue una situación de excesos, sino un modus operandi científicamente diseñado para implantar el modelo neoliberal que hoy hace aguas y se derrumba con consecuencias deleznables para los hábitats y sus comunidades.
Nacionalización del cobre chileno
Retrotraernos hasta hace 43 años, cuando los sueños de la patria grande se hicieron realidad, nos puede ayudar a retomar el hilo de aquellas políticas públicas en miras del bien común del pueblo soberano y no de una minoría oligarca. La más importante de todas, la nacionalización del cobre realizada el 11 de julio de 1971, día decretado “de la dignidad nacional y de la solidaridad”, pues marca el comienzo del camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.
Sin embargo, las cosas cambiaron abrupta y sangrientamente. Desde la irrupción de los bototos golpistas, la Corporación Chilena del Cobre, CODELCO, es la única que mantiene la característica de “pública” aportando en promedio bajo el 15% del presupuesto anual del Estado por medio del 27% de las exportaciones del cobre; las privadas se llevan el restante 73% y sólo aportan el 10% del presupuesto, todo esto según Economía y Negocios de El Mercurio.
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La minería, lejos de todo imaginario, representa 1/4 del tesoro fiscal. Esto dado a que, como dice la investigación de Ciper, Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas privadas, su impuesto es muy bajo considerando que las mineras tienen utilidades similares a las del narcotráfico y cuenta con invariabilidad tributaria hasta 2022. Sumado a esto, Codelco destina en forma automática el 10% de sus ventas a un fondo para la compra de equipos a de las FF.AA por medio de la Ley Reservada del Cobre.
Esto dejando de lado otros minerales metálicos y no metálicos estratégicos como el litio, que fueron “regalados” durante la dictadura militar. Sin ir más lejos, Soquimich, pertenece al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. Hoy el hermano del actual ministro de Minería, Patricio de Solminihac, trabaja como vicepresidente ejecutivo.
Lo más indignante y triste es ver como a la llegada de la democracia, lejos de acabar con el saqueo, se profundiza. En un día tan cargado de contenido y significación es hora de reflexionar profundamente qué país queremos construir, bajo qué parámetros de producción, teniendo claras las prioridades de cobertura de beneficios para la población, terminando con la visión del país como un botín de guerra para la clase político-empresarial.
