Según las definiciones específicas, Fast Track es “la técnica para reducir la duración del proyecto al hacer actividades en paralelo que regularmente se harían en secuencia. Tiene que ver con la relación lógica fin – inicio, ya que recomienza una actividad sin que se haya terminado la anterior”.
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Seguramente con esta explicación quedas en la misma interrogante, más cuando es aplicado en un tema específico como el medio ambiente, que como bien sabemos, es el mayor aludido cuando hablamos de “modelos de desarrollo” direccionados desde la voluntad política.
En este caso, una persona se dedica a promover un proyecto para su aprobación en el Congreso, ojalá en el menor tiempo posible. Se trata del famoso lobby, que hasta ahora opera sin regulación dando un manto de opacidad a las relaciones que se dan entre estos “expertos” que abogan a favor de proyectos de inversión que impactan el medio ambiente y que pueden encontrarse en el sector privado y/o público indistintamente, y nuestros honorables representantes en el poder legislativo.
“En relación al tema del lobby o del tráfico de influencia en materias ambientales lo que opera es una desconfianza de las organizaciones y de la ciudadanía en general”, explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
Es por eso que son tan mal mirados estos defensores a sueldo, que nadie muy bien sabe quien paga. A propósito de lo anterior la polémica con Jaime Bravo Oliva, el nuevo asesor de Medio Ambiente en el comando de la “Nueva Mayoría”, ex Concertación, que se hizo conocido entre el mundo verde cuando operó como fast tracker para la aprobación del proyecto de HidroAysén, entre otros en los que cuentan las termoeléctricas del periodo Bachelet , en donde tuvo un rol importante junto al en ese entonces, Ministro de Energía Marcelo Tokman, en la Comisión Nacional de Energía.
Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable enfatizó en 2008 que “La actual institucionalidad ambiental tiene espacios importantes para exagerar el lobby político e influir de manera desmedida en las decisiones ambientales. El hecho de que las Coremas, siendo órganos políticos, voten por la aprobación o rechazo de los proyectos implica que los informes técnicos de los distintos servicios no necesariamente se tienen a la vista a la hora de decidir”.
Es así como se denunció que se pasa por sobre la institucionalidad ambiental, apoyado en estudios que no son del todo convincentes para presionar a los intendentes, consejales y cores para aprobar proyectos que no cumplen con la normativa medio ambiental.
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Óscar Concha, subdirector del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),el 15 de octubre de 2008, se encontraba muy molesto porque sus informes fueron desestimados por el principal representante de la Comisión Nacional de Energía, Juan José Rivas y que el asesor del ministro de Energía, que estaba acompañado por el jefe del Área Medio Ambiente y Renovables de la CNE, Jaime Bravo. “ Llegaron a decir que por qué habían entregado informes negativos al proyecto HidroAysén cuando los ministros Pérez Yoma y Tokman decían que había que aprobarlo“, explicó uno de los asistentes a esa reunión reunión.
Estas presiones explican por ejemplo, la grave acusación por fraude al fisco que tiene a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por cambiar los criterios del informe de Impacto Ambiental de HidroAysén que establece, según la Convención de Washington, que no se pueden inundar parques nacionales.
Las malas prácticas están a la vista. Es de esperar que la justicia medio ambiental opere con la separación de poderes pertinente en cualquier estado de derecho que se precie de tal y los criterios de sustentabilidad primen por sobre los cortoplacistas.
Link:
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Fuente: Nuevo asesor de Medio Ambiente de Bachelet era conocido como “fast tracker” pro HidroAysén (El Dínamo)
UNA PODEROSA CARGA ELÉCTRICA (La Nación)
