Estudio muestra cómo Latinoamérica regala sus recursos

Una nueva investigación revela la forma en qué los gobiernos de América Latina han apostado por la extracción de recursos naturales para impulsar el desarrollo y prestado poca atención al comportamiento de la industria minera, la explotación petrolera y otras actividades de alto impacto en el medio ambiente y las comunidades aledañas.

El estudio, que informa sobre las inversiones en los países de la región, se presentó en la 14ª reunión del Rights and Resources Initiative Dialogue on Forests, Governance, and Climate Change, donde comunidades indígenas, ONGs, afro-descendientes y líderes locales de 13 países se dieron cita en Bogotá, Colombia, durante una semana en marzo de este año.

Margarita Florez, directora ejecutiva de la Asociación Ambiente y Sociedad declaró que “pareciera ser que se ha vuelto a un pensamiento casi colonial” sobre el territorio latinoamericano. Su trabajo examina el impacto de las recientes actividades extractivas en las tierras de propiedad de los pueblos indígenas, afro-descendientes y otras comunidades forestales de Colombia, Panamá y Guatemala. “Nuestros gobiernos están siendo miopes. Ellos están subvalorando los recursos renovables como los bosques y el agua y poniendo los derechos de los inversionistas extranjeros antes que los derechos de aquellos que han vivido y trabajado la tierra durante generaciones”, agregó.

El estudio de Florez respalda los reportes de un tendencia creciente en la región de mayor dependencia de la exportación de recursos no renovables, como el oro, plata, petróleo y gas natural. La inversión extranjera directa (IED) en Colombia, por ejemplo, ha aumentado más del 500% entre 2000 y 2010, con la mayor parte de los recursos siendo destinados a la minería y actividades relacionadas. En Perú, la minería ocupa el cuarto lugar en importancia entre las industrias que contribuyen al producto interno bruto (PIB) del país.

En los cuatro países mencionados se encontraron casos de desplazamientos forzados de las poblaciones locales, presencia de fuerzas de seguridad no estatales, deforestación a gran escala, daño a las fuentes locales de agua (tanto en calidad como en cantidad), perdida de acceso a alimentos, adquisición ilegal de tierras, debilitamiento del tejido social de las comunidades y la aparición de actividades económicas paralelas con importantes consecuencias para las comunidades tradicionales.

La investigación también proporciona una visión general de las políticas fiscales y legales que rigen a los inversores y el uso que dan a los terrenos, lo que demuestra que las leyes se interpretan según el beneficio que traen a los inversionistas y con total perjuicio para el medio ambiente y los derechos y medios de vida de los habitantes locales.

Si bien todos los países incluidos en el estudio tienen regulaciones de licencias ambientales que requieren de estudios de impacto ambiental (EIA) –tema muy conocido en Chile-, Florez señaló que las leyes pertinentes se han debilitado y hay poca experiencia técnica y muy pocos recursos humanos para controlar adecuadamente la rápida expansión de las actividades extractivas en la región.

A largo plazo, la falta de preocupación por los derechos de tenencia podría afectar la salud financiera de los inversores, sin contar con el grave daño a los medios de vida las comunidades locales, asegura otra investigación reciente encargada por la ONG Rights and Resources Initiative (RRI).

En “The Financial Risks of Insecure Land Tenure: An Investment View”, los autores examinan las empresas involucradas en la adquisición de tierras en todo el planeta, revelando la “asombrosa cantidad de daño económico” provocado. Los inversionistas enfrentan enormes aumentos en los costos de operación y en algunos casos deben abandonar las actividades debido a que han fallado en reconocer los derechos de los locales.

En 2009, por ejemplo, el proyecto de la estadounidense Muriel Mining Corporation fue suspendido después que el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia en Colombia encontrara que las actividades de la compañía no respetaban los derechos de las comunidades locales a la consulta libre y previa, además del consentimiento informado que garantiza el Convenio 169 de la OIT.

La opción que enfrentan hoy los gobiernos de América Latina es si se debe abrazar un camino de desarrollo sostenible basado en la inclusión y el respeto de todos sus ciudadanos o, en su lugar, repartir las tierras y recursos naturales a inversores extranjeros que los aniquilarán de manera industrial.