La industria alimentaria esta siendo constantemente puesta en entredicho. Si bien no hay un consenso científico ya que cada un responde a quienes han pagado mandado a hacer la investigación, reduciendo la confiabilidad al juicio “científico”, los hechos cuentan un impacto en el mercado agrícola desde la irrupción de la práctica transgénica.
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Es innegable que la privatización de la semilla, su modificación genética, la utilización de herbicida que obliga al monocultivo, y la utilización de las cosechas en confección de biocombustible, genera un cambio por lo menos en las prácticas de los campesinos del mundo que, o se adecuan a este escenario o simplemente deben partir a la ciudad, en una empresa en donde el fracaso es seguro.
Dicho esto, entendemos que como seres que deben alimentarse estamos insertos en este entuerto. Somos los que no teniendo tierras ni tiempo para cultivar, nos vemos en la necesidad de recurrir a la industria alimentaria. Siendo clientes de este mercado, es un derecho saber qué es lo que contienen. Pero muchas empresas se niegan a etiquetar sus productos.
Es por eso que en California, Estados Unidos, el 6 de noviembre los electores estadounidenses no elegirán solamente a su presidente, sino que deberán pronunciarse sobre una serie de referéndums, las llamas “proposiciones”. Por ejemplo la Propuesta 37, que plantea la información, en lenguaje sencillo, para saber si los alimentos se manipularon genéticamente, en todas las etiquetas de los alimentos. Una política completamente sencilla, más si los productos son seguros como afirman compañías como Monsanto por medio de sus estudios científicos.
Como vez en la imagen de portada son muchas las corporaciones que hacen lobby para que la iniciativa no prospere. Lo complejo es que las corporaciones que nos dan de comer están en manos de muy pocos lo que puedes verificar en esta infografía.
