Tal cual, ni mucho más ni mucho menos. El Ministro Pablo Longueira, que confesara ser visitado por el fantasma de Jaime Guzmán, el paridor del gremialismo y la Constitución chilena, en una entrevista sobre el litio realizada por jóvenes estudiantes de la Cátedra Economía II, de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, soltó una frase de de alto calibre: “No estamos entregando un contrato para que se explote “ese” yacimiento; estamos vendiendo Chile”.
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El controvertido Ministro de Economía Pablo Longueira, conocido por impulsar la Ley de Pesca, o “Ley Longueira”, que según los pescadores artesanales y los expertos, continúa privatizando el mar en una evidente concentración de estos recursos dado a que siete familias tienen el derecho de explotación, o por la intromisión en el fallo contra la construcción de la termoeléctrica Castilla, al declarar a los medios que se “arriesga el modelo de desarrollo en Chile”, ahora comienza a dar que hablar en el tema minero.
El Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol) respondió a la oferta de $19.301 millones (US$40,8 millones) por parte de SQM perteneciente al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y donde el hermano del actual ministro de Minería, Patricio de Solminihac, trabaja como vicepresidente ejecutivo, fue razón suficiente para asignarle el derecho del recurso por 20 años con una extracción promedio de 100 mil toneladas de litio metálico.
Lamentablemente para todos ellos, no se pudo cobrar la herencia del tata malo (Augusto Pinochet). Por más empeño que le puso Longueira y el Subsecretario, Pablo Wagner, recientemente renunciado por esta licitación fallida, todos sus deseos de que se vendiera Chile a los amigos, para que todo quedara en familia, no fue posible. ¿La razón? Muy fácil.
Durante la dictadura, a esta empresa privada pero con claros lazos con el poder del tirano, se le concedieron varios permisos de manera irregular, entre ellos de usos de agua de la Dirección General de Aguas, organismo público dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que asigna los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, consagrado en la Constitución, donde se expresa que no puede intervenir sobre el uso que el privado haga de un derecho de aprovechamiento de agua ya asignado.
Por otra parte se le concedieron derechos de explotación en la Pampa del Tamarugal que también estaban fuera de la norma. Estas dos situaciones fueron motivo de demanda. El mismo Estado una vez acabada la dictadura comenzó un litigio que curiosamente solo ahora, que este sector está en el poder, y gracias a los coreano-japoneses de Posco Consortium —integrado por las empresas Posco, Mitsui, Daewoo International y Minera Li Energy Spa- sale a la luz pública.
Es impresionante que habiendo un departamento jurídico en cada Ministerio se les haya pasado colado este conflicto. Las bases que las mismas autoridades hicieron “a la medida” de Soquimich, fueron vulneradas en una negligencia que causó la salida del alto funcionario.
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Es de pensar que el modus operandi de los “dueños” de Chile ha sido siempre tan espurio y ha estado siempre por sobre la norma, incluso de la mínima decencia, que no les importó y pensando que como antes, no importaría demasiado.
Como decía el Inspector J. Lee, Policía de Nova en la novela de Williams Burroughs “Han vendido el suelo bajo los pies de los que nunca nacerán. Traidores de todas las almas en todas partes. ¿Necesitan el nombre de Hassan i Sabbah para sus inmundos negociados? ¿Para vender a los no nacidos?”. Porque es eso lo que uno se pregunta, como si estuviera en el final de los tiempos donde los pueblos de la Tierra solo esperan el éxodo final hacia otro planeta.
Chile está vendido, no hay mucho más que decir al respecto. Si no son los foráneos los que nos arrebatan las riquezas por incapacidad del Estado, es el latifundista quien se hace amo y señor con muy pocos escrúpulos, lo que es una pena en términos humanos como ciudadanos de Chile, y aún más en términos medio ambientales, donde tuvo que llegar el abogado disfrazado de Godzilla, para desenmascarar una verdadero “tráfico de influencias”.
¿Hasta cuándo sucederá esto? Solo entiendo que esta pregunta parece hacerse cuando ya es demasiado tarde, cuando la clase política es castigada con un 66% de abstención, cuando los movimientos sociales salen a la calle para defender lo poco que queda sano de nuestro territorio, con la esperanza de que el desarrollo sustentable primará sobre los negocios de vieja data, pero tan cortoplacista que avergüenza incluso a quienes no entienden demasiado de procedimientos, pero sí de una calidad de vida castigada por el “progreso” de un par de bolsillos.
