Por medio de Twitter nos enteramos de la estupenda noticia de que se aprobó la ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales. Esta información apareció publicada hoy en el Diario Oficial de la república de Chile.
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Es evidente la urgencia de poner en marcha los Tribunales Ambientales, que fueron anunciados en 2010, cuando se fundó el Ministerio de Medio Ambiente. En enero se aprobó en el Congreso de Chile el Tribunal Ambiental. Se dijo que a comienzos de marzo el Tribunal comenzaría a instalarse en un plazo de seis meses, incluso se presentó incluso una infografía de cual sería su orgánica procedimental, sin embargo nada de esto había ocurrido.
Con la puesta en marcha de esta institución, las causas de índole medio ambiental no tendrán el problema de quedar bajo la tutela de la Corte Suprema. Rubén Ballesteros, el Presidente de la Corte Suprema, el mayor tribunal en Chile, se encontraba agobiado por la permanente pugna entre ciudadanos y empresas a causa de proyectos que tienen un fuerte impacto ambiental, por lo que acusa “judicialización” de los conflictos ambientales, que se resuelven en esta instancia, no siendo la pertinente a su juicio. Hasta ahora.
Jaime Lira, ex Superintendente de Medio Ambiente, en Chile, separado de sus funciones tras la publicación de la columna Pelequén y Freirina: justicia ambiental en deuda en el diario El Mercurio, planteaba que “es necesario que Chile complete la implementación de su nueva institucionalidad ambiental, ya que la vigente no permite responder de forma oportuna y eficaz ante incumplimientos ambientales y los efectos en el medio ambiente que éstos generan”.
Esta es una apreciación para nada errada si tomamos en cuenta que solo por “intuición” nueve de cada 10 chilenos sondeados por Imaginacción y Radio Cooperativa, manifestaron creer que las empresas no responden con sus obligaciones de mitigación de impacto ambiental y según la encuesta realizada por el Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, un 59% de los encuestados cree que las compañías realizan afirmaciones falsas sobre el real impacto medioambiental de sus productos, mientras que el 69% de los chilenos cree que esfuerzos individuales en medio ambiente no valen la pena si Gobierno e industrias no toman medidas.
Es por eso que celebramos que en Chile se instaure un mecanismo que defienda a los ciudadanos por sobre los interesas económicos, que están causando no solo un impacto local sino a nivel mundial si atendemos las conclusiones del informe GEO 5 elaborado por la ONU donde se responsabiliza al sistema capitalista de un grave impacto medio ambiental que provocará en el corto plazo cambios abruptos e irreversibles.
