“Pisar callos duros” puede ser un problema mayor si éstos pertenecen a una instancia tan poderosa como el gobierno de un país. Esto puede ser aún más grave si quien hace la crítica es un funcionario en ejercicio. Es el caso de Jaime Lira, hasta ayer Superintendente de Medio Ambiente, en Chile.
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Tras la publicación de la columna Pelequén y Freirina: justicia ambiental en deuda en el diario El Mercurio, el gobierno le solicitó la renuncia que durante esta semana se hará efectiva.
Las críticas no escapan de las que ya se encuentran sobre la mesa. Incluso Rubén Ballesteros, Presidente de la Corte Suprema ha advertido que se necesita urgentemente que la nueva institucionalidad medio ambiental se instale ya que se han “judicializado” los conflictos en estas materias.
Lira dice en su columna que “es necesario que Chile complete la implementación de su nueva institucionalidad ambiental, ya que la vigente no permite responder de forma oportuna y eficaz ante incumplimientos ambientales y los efectos en el medio ambiente que éstos generan”, una apreciación para nada errada si tomamos en cuenta que solo por “intuición” nueve de cada 10 chilenos sondeados por Imaginacción y Radio Cooperativa, manifestaron creer que las empresas no responden con sus obligaciones de mitigación de impacto ambiental.
Una nueva señal de que las autoridades que están en sintonía con las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, paradojalmente tienen una mala evaluación de parte de sus jefaturas que promueven el encubrimiento y protección a las empresas.
Tan delicado es el tema que incluso el Colegio Médico, respondiendo a esta tendencia, reclamó frente al Ministerio del Medio Ambiente y de Salud, que de una vez por todas se deje de atender el desarrollo empresarial por sobre la salud de las personas, haciendo referencia directa al daño causado en Ventanas por la cuprífera estatal Codelco y Aes Gener.
Es tremendamente preocupante que una autoridad salga de su cargo por denunciar falta de herramientas para fiscalizar de buena manera a las empresas, evitando que las personas y el medio ambiente sufran por políticas publicas insuficientes o que quedaron nada más que como un anuncio siendo derechamente inexistentes.
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Lee la columna completa de Jaime Lira:
Pelequén y Freirina: justicia ambiental en deuda
Hechos como los ocurridos hace un tiempo en Pelequén y ahora en la planta faenadora de cerdos en Freirina dejan de manifiesto que existen grandes oportunidades de mejora en lo relativo a la justicia ambiental en el país.
Por un lado, es necesario que Chile complete la implementación de su nueva institucionalidad ambiental, ya que la vigente no permite responder de forma oportuna y eficaz ante incumplimientos ambientales y los efectos en el medio ambiente que éstos generan.
El cambio institucional implicará significativos avances respecto del actual sistema, en particular en lo que dice relación con la fiscalización ambiental, donde la Superintendencia del Medio Ambiente será la encargada de llevar a cabo esta labor a nivel nacional, hoy ejecutada pero no coordinada por diversos servicios públicos. Junto a ello, se genera un especial cambio en las sanciones ante incumplimientos ambientales, las que actualmente son bajas y de poca potencia. ¿Qué falta? Que comiencen sus funciones los Tribunales Ambientales, para que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cuente con sus plenas facultades y pueda así fiscalizar y sancionar.
Por otro lado, y quizás uno de los aspectos más relevantes en lo referente a la justicia ambiental, es que las empresas en nuestro país deben respetar hoy y siempre todas y cada una de las normas, condiciones y medidas exigidas para su operación, que establecen el “desde” en cuanto al cumplimiento ambiental.
En casos como los ya descritos, evidentemente, ha faltado fiscalización, pero es claro que el principal problema no se genera por la falta de fiscalización, sino que por los serios incumplimientos ambientales de las empresas. Los recursos disponibles para fiscalizar nunca serán los suficientes para llegar a todas las empresas, más aún considerando los más de 12 mil proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y las cerca de 8 mil fuentes de emisión que no cuentan con RCA.
Las fallas de las empresas, al no cumplir con las normas, las medidas de mitigación o las condiciones establecidas por la autoridad en sus respectivas aprobaciones y permisos de operación ambiental, generan un trato ambiental discriminatorio en todas aquellas comunidades que se ven afectadas por esos incumplimientos, los que serán duramente sancionados por esta Superintendencia.
Para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, siempre será necesario fiscalizar a las empresas y para ello se utilizarán los recursos disponibles de la mejor forma posible. Esta Superintendencia ha creado un sistema de priorización de empresas, que nos ayudará, año a año, a identificar las más riesgosas en términos ambientales, considerando entre otros, qué es lo que emite al ambiente, en qué cantidades, su entorno, su historial de cumplimiento, las fiscalizaciones anteriores realizadas, etcétera, lo que nos ayudará a prevenir algunas situaciones como las por todos conocidas.
En los casos en que se evidencien incumplimientos, esta Superintendencia contará con fuertes sanciones, que sean disuasivas para la comunidad regulada, las que pasan por sanciones pecuniarias de más de nueve millones de dólares, hasta cierres temporales, parciales o totales, frente a daño inminente o real al medio ambiente, en consulta con el Tribunal Ambiental, lo que implicará que a las empresas siempre les convendrá cumplir sus compromisos ambientales frente a la ejecución de una sanción por la SMA.
Con el fin de conocer de manera oportuna y evitar conflictos ambientales, así como saber a priori incumplimientos de envergadura, es que estamos desarrollando un sistema de escucha ciudadana para que la comunidad nos haga llegar sus reportes ambientales y contemos con herramientas adecuadas de participación, que a nuestro juicio serán un importante aporte para detectar a tiempo a los incumplidores.
Es de esperar que el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales sea publicado a la brevedad, para así materializar definitivamente la nueva institucionalidad ambiental, implicando otro logro del programa Chile Cumple, y así mejorar la fiscalización y sanción ambiental en nuestro país.
Estamos seguros de que con la nueva institucionalidad ambiental una vez operativa, se generará un cambio positivo en la justicia en esta área, contribuyendo a mejorar los niveles de cumplimiento ambiental, lo que nos permitirá construir un país más justo, con mejores oportunidades y en armonía con el desarrollo sustentable
Fuente: Crisis de Agrosuper gatilla salida de superintendente del Medio Ambiente (DF)
