El diario de circulación más importante de Chile, El Mercurio, hoy en su editorial, Energía: “La Tormenta perfecta”, plantea que a causa de la desaprobación de la ciudadanía, y en tribunales, de proyectos energéticos que impactan al medio ambiente, habrá apagones, alzas de cuentas de servicios básicos e inestabilidad social y política, entre otros males propios de un gran desastre.
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El título de la columna evoca esas gigantes tormentas solares, que podrían tragarse el equivalente a cinco planetas Tierra. Esta exagerada predicción, no está tan alejada de lo que se escribe en el decano:
Energía: “La Tormenta perfecta”
Editorial de El Mercurio, publicado el 03/04/2012.
“Así fue calificado el escenario que enfrenta el sector energía, con un ministro de la cartera renunciado -el tercero que por distintas razones se ha visto en la situación de hacerlo, y el cuarto que sirve esa cartera durante este gobierno-; con un nivel de reservas de agua de los más bajos de los últimos tiempos, amenazando con ello la mantención de tarifas altas y posibles estrecheces energéticas para 2014; con los proyectos de generación futura más importantes enfrentando crecientes inconvenientes judiciales y administrativos para ser construidos -2.600 MW de Central Castilla y 2.400 MW de HidroAysén entre ellos-; con una judicialización en aumento para los distintos proyectos que se van presentando, como le ocurrió al proyecto eólico de Chiloé de 112 MW, cuando la Corte Suprema acogió un recurso por no consulta a los habitantes originarios respecto del uso del terreno, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, ya que sus turbinas estarían ubicadas en terrenos que podrían haber sido cementerios indígenas en algún momento del tiempo, y con menos proyectos nuevos incorporándose al sistema, dado que el alto costo de los estudios, no suficientemente compensados por el alto riesgo de que sean finalmente rechazados, desincentiva su presentación.
Es éste un panorama bastante poco alentador, ya que el desarrollo de los países está íntimamente ligado a los recursos energéticos disponibles, y las dificultades que enfrenta el nuestro para proveerse de energía, dada la oposición que dichos proyectos enfrentan cada vez que se presentan (independientemente del tipo de generación y de la ubicación geográfica que éstos tengan), y el grado de judicialización a que lo anterior está llevando, configuran un cuadro cada vez más preocupante. Es indispensable que él sea abordado resueltamente por las autoridades, y ciertamente con herramientas intelectuales y argumentales más sofisticadas que las que hasta ahora se han usado. Tenemos un retraso de una década en proyectos energéticos y el costo regional más caro.
Si la energía eólica se encuentra con dificultades (caso del Parque Eólico de Chiloé), así como también la energía térmica (central Castilla) y la hidráulica (HidroAysén); si la energía nuclear ni siquiera ha sido considerada, y las demás opciones seguramente encontrarán otras dificultades planteadas por grupos de interés o de presión opuestos a ellas, la sociedad mal puede concluir sino que esos grupos la están poniendo ante una encrucijada. La oposición ciudadana a todos los tipos de energía no es gratis: tiene costos, y esos costos se manifiestan de diversas formas, ya sea por vía de un alza de los precios de la energía -incluyendo a la electricidad, que afecta a toda la población-, o racionamientos, o “apagones” que dejan a la ciudadanía a oscuras e imposibilitada de realizar sus actividades cotidianas. No sólo las grandes empresas, sino también los computadores, celulares y demás equipos con que las personas están acostumbradas a desarrollar sus rutinas diarias se verán afectados. Sería lamentable que Chile tuviese que llegar a esos extremos para corregir el rumbo, porque no sólo perdería valiosos años de crecimiento (y la recaudación tributaria que lo acompaña, disminuyendo así sus capacidades para atender a los más desvalidos), sino porque tales problemas crean inestabilidades sociales y políticas, que van mucho más allá de los problemas energéticos.
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Las autoridades políticas, edilicias y judiciales deben ponderar estos antecedentes en los diversos ámbitos de acción en que les compete actuar, analizar el espectro de influencias que esto conlleva y considerar en sus decisiones el amplio escenario de consecuencias que le impone a la nación la permanente obstaculización a que se enfrenta el desarrollo energético nacional.”
Pero este planteamiento alarmista comenzó antes, con el artículo aparecido el domingo, 01 de abril de 2012, en su sección Economía y Negocios, de la periodista Valeria Ibarra, titulado “Tormenta perfecta: sin ministro, sin agua, sin proyectos y con riesgo de apagón en 2014”. Bajo la visión “apocalíptica” de la fuga de la inversión extranjera y la imposibilidad de negocios en Chile, se plantea un verdadero holocausto energético que afectará, como ya es usual, al “ciudadano de a pié”, que verá resentida su economía doméstica, so pena que las mayores necesidades energéticas son las de las grandes empresas.
Esta es la base que sustenta la presión a tribunales de Pablo Longueira, Ministro de Economía, cuando declaró a la prensa a raíz del fallo contra la construcción de la termoeléctrica Castilla, que esto “arriesga el modelo de desarrollo en Chile”. Justamente éste es el punto de inflexión entre la autoridad empresarial y la comunidad, que no ve beneficio alguno en este “modelo de desarrollo” chileno, a todas luces insustentable, con alto impacto en el medio ambiente.
Reconciliar posiciones es simplemente imposible, a causa de un factor netamente ideológico, que se repite en el caso de la Patagonia. Incluso New York Times, pudo advertirlo cuando estuvo en Magallanes. En la columna editorial del prestigioso medio, In Patagonia, Caught Between Visions of the Future, el periodista Aaron Nelsen plantea que hay dos visiones opuestas por un “descarado sentido ideológico”. La una es la generación de energía cueste lo que cueste para surtir de 2.750 megavatios a las mineras del norte de Chile, a miles de kilómetros de distancia, y la otra que prefiere un desarrollo sustentable apelando a las bondades territoriales in situ, para convertirse en un destino turístico de clase mundial.
Esta reiteración del escenario es la que mantiene en permanente tensión a la sociedad, pero se agudiza con situaciones como la inexistencia de continuidad de una política energética, demostrada en la rotación de ministros de la cartera de energía (cinco, más uno subrogante, en dos años de gobierno) y peor aún, el conflicto de intereses que existe en quienes detentan este cargo.
Sergio del Campo, el Ministro subrogante a la salida de Rodrigo Alvarez que renunció por mail ante problemáticas internas a raíz del conflicto en Aysén, fue gerente general de la termoeléctrica Guacolda, de propiedad de AES Gener, Copec y el grupo Von Appen, hasta 2011 cuando asumió la subsecretaría de energía.
Hoy fue nombrado por La Moneda Jorge Bunster, anteriormente Director de Relaciones Económicas del Gobierno de Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ingeniero comercial y licenciado en economía también fue por 19 años gerente general de Copec S.A, subgerente general de la Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur S.A; gerente general de Alimentos Bresler S.A. y gerente general y director ejecutivo de AFP Alameda.
La gravedad es insospechada, y ciertamente es por la pugna irreconciliable entre quienes tienen cruces de poder e intereses ligados a empresas de energía y las comunidades organizadas que están pudiendo frenar en tribunales, el avance de la depredación.
Lamentablemente este gallito continuará, lo más triste que desde una correlación de fuerzas completamente desequilibrada.
