Después de que Wikileaks desclasificó una serie de cables enviados desde la embajada de Estados Unidos en Chile a Washington, nos enteramos que con el fallo en contra de AES Gener la empresa recurrió a autoridades más altas para solucionar el problema. Así fue que el embajador, Paul Simons, hizo llegar una carta escrita por el secretario de comercio de EEUU a la Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, al Ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, y al de energía, Marcelo Tokman. En la carta, Gary Locke pedía que se buscara una “solución” al “conflicto” que estaba teniendo la empresa estadounidense.
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El Uso de Suelo donde AES Gener comenzó a construir su nueva termoeléctrica era para áreas verdes, lo que dio pié para que la municipalidad de Puchuncaví y la Corte suprema detuvieran el proyecto. La compañía calcula que perdía unos 8 millones de dólares al mes teniendo la construcción, hasta ese momento ilegal, detenida. Así que comenzaron el Lobby.
Entre el embajador Simons, Felipe Cerón, Gerente General de AES en Chile, y Andrés Gluski, presidente de la empresa, convencieron a los políticos chilenos de tomar medidas para permitir la construcción de la central. Los ministros de Bachelet ofrecieron “todo su apoyo” a los estadounidenses, pero dijeron que la que tenía que tomar las medidas era Patricia Poblete, Ministra de Vivienda, ya que es la encargada de dirimir las situaciones de Uso de Suelo.
Así que Simons fue a reunirse con ella, y ésta le confesó que había recibido varias peticiones para reanudar el trabajo de construcción, como una carta enviada por el gobierno de Corea del Sur (país neoliberal que proporciona suministros a AES), y una llamada de la mismísima presidenta Bachelet. Poblete lamentó, también, que la empresa no se hubiera acercado a ella antes, y preguntó por qué habían perdido tiempo conversando con los ministros del interior y de energía.
Con el 40% de la construcción de la termoeléctrica Campinche lista, el 31 de diciembre de 2009 (fecha donde nadie alega) se publicó el Decreto Supremo Nº68, en el que se establece que si un 30% o más de un terreno tiene un uso de suelo, entonces todo el terreno puede usarse así. Resulta que el terreno de la construcción tenía un 33% industrial, y un 67% para áreas verdes. Una ley hecha a medida.
Como todavía tenían problemas con la municipalidad de Puchuncaví, la empresa decidió convencerlos con la inversión de 4 millones de dólares en “aportes sociales a la comunidad”, y éstos aceptaron.
Al verse involucrados grandes personeros del gobierno de Michelle Bachelet, incluida ella misma, el periodista Tomás Mosciati dijo en CNN Chile que el tono maternal de la ex presidente le parece falso y peligroso, “muy peligroso”:
Link: Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener
